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Cancún.- Ante el asesinato de 62 mujeres en lo que va del año, en Quintana Roo y las dudas sobre la efectividad de las acciones aplicadas como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) , organizaciones de la sociedad civil solicitaron al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González , poner metas y plazos, diseñar mecanismos de evaluación de las estrategias, transparentar los recursos aplicados y hacerlos públicos a través de una plataforma abierta.
La petición fue hecha por el Observatorio para la Gobernanza de frente al mandatario estatal durante la llamada “Glosa Ciudadana”, un ejercicio anual en el cual el gobernador y secretarios de su gabinete discuten y analizan públicamente con organizaciones civiles los avances de los compromisos que se firmaron durante la campaña y que se ratificaron ya al mando de la administración.
Mariana Belló, integrante del Observatorio, subrayó que a dos años de la declaratoria de la Alerta de Género es crucial construir, colectivamente, todos los esfuerzos institucionales y ciudadanos en garantizar “el derecho humano de las niñas y de las mujeres a una vida libre de violencia”.
Para ello propuso llevar la declaratoria de la AVG a un ejercicio de gobierno abierto, con cuatro ejes: Uno, ponerle plazos al mecanismo, lo que requiere la construcción de un modelo de monitoreo y evaluación, para saber qué se ha hecho, qué se ha logrado y qué no y cómo ha impactado en la vida de las mujeres; y conocer en qué y cómo se han gastado los recursos.
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“En 2018 se ejercieron poco más de 15 millones de pesos para atender las condiciones de la Alerta y este año se asignaron nueve millones de pesos y, justamente, como parte del ejercicio se necesita que se transparente el presupuesto y que esté al alcance de la ciudadanía, presupuestos y licitaciones, esquemas, proyectos y proveedores”, dijo.
El cuarto eje es diseñar un Plan de Trabajo, con las organizaciones civiles que atienden el tema, partiendo de qué ha funcionado y qué no, en otros estados.
La activista indicó que hay que grabar en los valores colectivos, que desde un chiste, una canción o cualquier gesto o acción que induzca a cualquier tipo de violencia en contra de una mujer, es “impensable y repudiable”.
Prevenir la violencia, bajo el enfoque de Género -explicó- implica que se debe analizar y actuar de forma específica, de acuerdo al caso, ya que la violencia no la viven igual, hombres y mujeres, indígenas, jóvenes, adultas mayores.
La investigadora recordó que la entidad tiene decretada la Alerta de Violencia de Género en cinco de sus 11 municipios, desde julio de 2017.
De enero a noviembre de este año, en Quintana Roo han sido asesinadas 62 mujeres, lo que ubica al estado dentro de los 10 primeros a nivel nacional, con mayor tasa de presuntos feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. En esa misma categoría, Cancún está situado en el lugar 16 y Solidaridad, en el 45, de los 50 municipios con mayor tasa de asesinatos en agravio de mujeres.
El estado también está en los primeros cinco estados con mayor tasa de llamadas de emergencia por abuso sexual y es el segundo, por llamadas de emergencia por violación sexual, por violencia de pareja.
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“La situación es grave. Es gravísima. Y la vivimos las niñas y las mujeres, todos los días. En la casa, en la calle, en el trabajo, en las escuelas, en el transporte público, en los taxis”, sostuvo, al señalar que esas condiciones provocaron la declaratoria de la AVG, mecanismo que obliga a todos los poderes y niveles de gobierno a articular y aplicar acciones urgentes prontas y sin dilación para atender la violencia feminicida.
Esas acciones implican medidas de acceso a la justicia, medidas de seguridad inmediata, de atención integral y servicios médicos y psicológicos, además de la disposición de refugios seguros.
En suma, incluye un modelo de prevención que -aclaró- no son campañas, cuya efectividad es mínima.
“Las medidas de prevención tienen que apuntar a construir y a escalar en la vida social y cotidiana. Que lleguemos a un día que se nos haga impensable, repudiable un chiste, una canción, una actitud, un gesto de acoso contra las niñas y las mujeres”, expresó.
La también integrante del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), destacó que el espíritu de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que para aplicar medidas eficaces, debe atenderse a “los agresores, a los victimarios; a toda una sociedad que tolera socialmente la violencia contra las mujeres y al Estado, que por acción u omisión produce estas formas de violencia”.
El gobernador admitió que, pese a haber echado a andar acciones para atender la violencia contra las mujeres, principalmente en las zonas rurales y mayas y en otros sitios del estado, “no son suficientes” y reconoció que ha escuchado en muchas ocasiones que “no es ni cerca de lo suficiente y necesario”.
También citó que entre algunos de los avances, se encuentran las sentencias dictadas por Feminicidio y dijo que existía un sistema de monitoreo.
“Pero no es suficiente, porque sigue habiendo todavía muchos problemas más”, reiteró, al aceptar las propuestas que le fueron presentadas.
afcl
