El Gobierno de Quintana Roo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la empresa como Aguakan, por engañar a un juez para tratar de mantener la concesión de agua potable en cuatro municipios de la entidad.
La empresa presentó una demanda de amparo en contra del Decreto número 195 de fecha 22 de diciembre de 2023, por el cual la Legislatura del Estado abrogó el Decreto que ampliaba la concesión hasta el 31 de diciembre de 2053.
Los diputados justificaron su decreto por los múltiples incumplimientos de la concesionaria en cuanto a la falta de inversión en infraestructura, por posibles daños al ambiente y actos de corrupción para haber obtenido la prórroga de 30 años a cambio de más de mil millones de pesos que fueron desviados.
Además, la empresa ocultó otros oficios de CAPA donde determinó incumplimientos de obligaciones de infraestructura, de falta de dictámenes de impacto ambiental, calificaciones reprobatorias respecto al cumplimiento de la concesión y de la deficiente cobertura de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.
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El gobierno estatal recordó que derivado de una consulta ciudadana, habitantes de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, manifestaron no estar de acuerdo en que Aguakan continuara prestando el servicio de agua potable y alcantarillado.
En un comunicado, refirió que el Director General de Aguakan, Paul Andrew Rangel Merkley en representación de ésta, ocultó al Juez de Amparo que conoce del juicio que presentó la concesionaria contra el citado Decreto de la Legislatura.
Asimismo, Aguakan le ocultó al Juez los múltiples procedimientos administrativos por violaciones por daño al ambiente que le han iniciado tanto los Municipios, como la Procuraduría Ambiental Estatal y la Profepa.
De igual manera, se tuvo conocimiento que el mismo Paul Andrew Rangel Merkley como Director General y apoderado de Aguakan conoció todos estos hechos que le fueron ocultados al Juez de Amparo, así como un litigio que inició en la Ciudad de México para también tratar de mantener la concesión, "pretendiendo amarrarles las manos a las autoridades de Quintana Roo para que no investigaran ni determinaran los múltiples incumplimientos a la concesión y así mantenerse en la misma".
De acuerdo con fuentes oficiales, en los próximos días se estaría judicializando este asunto por parte de la Fiscalía General de la República y sería el comienzo de la escalada de una serie de investigaciones avanzadas, por hechos muy graves por actos de corrupción en los que estaría involucrada la empresa para obtener la ampliación de la vigencia de la concesión en diciembre de 2014 junto con ex servidores públicos.
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