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¿Quién es Eugenio Hernández y de qué se le acusa?

En 2015, el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el ex gobernador de Tamaulipas, a quien se le asocia presuntamente con operaciones de lavado de dinero por 30 millones de dólares

Foto:Archivo EL UNIVERSAL
06/10/2017 |09:14
Redacción
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Eugenio Hernández Flores

es priísta y gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010 . Antes de ser gobernador fue presidente municipal de Ciudad Victoria de 2001 a 2004.

A unos días de concluir su gobierno, el 8 de diciembre de 2010, afirmó que dejó finanzas sanas en Tamaulipas.

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Presumió que la entidad fue de las primeras en migrar hacia el sistema de mando único de información criminal de Plataforma México y dio la bienvenida al Operativo Noreste, .

El afirmó que los grupos delictivos intentaban desestabilizar la entidad, luego de la explosión de un coche bomba en Ciudad Victoria.

Durante las campañas para gobernador, fue asesinado el candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú. Su hermano, Egidio, es el actual gobernador de Tamaulipas.


En 2015, el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el ex gobernador Eugenio Hernández, considerado desde entonces un fugitivo, a quien se le asocia presuntamente con operaciones de lavado de dinero por 30 millones de dólares.

El ex mandatario rechazó las acusaciones y dijo que las aclarará con apoyo de sus abogados, con el argumento de que su patrimonio es legítimo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos giró un oficio para informar que Hernández Flores está acusado, junto con su cuñado Óscar Gómez Guerra, de 43 años, por lavado de dinero; la acusación se formalizó el 27 de mayo de 2015.

También se incluyó en la acusación un aviso de confiscación penal de cuatro propiedades, tres de las cuales están ubicadas en la ciudad de McAllen, Texas, valoradas en más de 2 millones de dólares. La otra propiedad se encuentra en Austin.

Hernández Flores fue declarado culpable de la conspiración de lavado de dinero, y podría purgar una condena de hasta 20 años en una prisión federal y enfrentar una multa de hasta el doble del valor de los fondos involucrados en las transacciones ilícitas.

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