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En Sinaloa, el respaldo a los derechos humanos no llega. Con 15 años de lucha marchando en las calles y a ocho de haber presentado la primera iniciativa de ley en pro de la igualdad, la comunidad LGBTTIQ+ no desiste.
Hoy, Sinaloa es uno de los 11 estados donde aún no se respeta el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a dar certeza jurídica a los matrimonios igualitarios. Tampoco hay avances en la garantía de otros derechos.
“Estamos entendiendo mal: el matrimonio igualitario no se tiene que aprobar, sino más bien homologar a la resolución que emitió la Suprema Corte, los legisladores que llegaron con muy poca preparación tampoco lo han entendido”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL, Tiago Ventura, presidente de Sinaloa Incluyente, A.C.
De acuerdo con el activista, en ocho años de esfuerzos, la comunidad de la diversidad sexual en Sinaloa ha presentado unas seis iniciativas de ley a tres Legislaturas diferentes, pero todas se encuentran en la congeladora.
Entre sus exigencias, explica Ventura, está la tipificación de los crímenes de odio, que en impunidad suman por lo menos 18 en el estado; la prohibición de las terapias de conversión; la Ley de Identidad de Género; el día estatal de la lucha contra la homofobia y transfobia, y el matrimonio igualitario.
En este sentido, Ventura explica que el hecho de que las parejas no puedan validar sus matrimonios legalmente las afecta al grado de que muchas pierden su patrimonio si uno de los miembros fallece o, inclusive, que no se puedan acompañar en una emergencia médica.
Asimismo, para el activista, el desamparo legal no es el único reto a vencer, el otro es la discriminación.
Por ello, recalca, “es importante demostrar que sí se puede, sobre todo por las nuevas generaciones LGBT, para que con el respaldo de la ley, los padres comprendan que sus hijos son igual de normales a todos”.
