Puerto Escondido.— A menos de 10 metros de la playa de Punta Colorada, aguas negras cubiertas de moho llegan a mar abierto. Es un brazo de manglar contaminado que parece secarse. Sobre el agua flotan anfibios, mosquitos, basura, todo tipo de desechos. Es un lagunario entre las dunas con vida abundante, donde nadan cocodrilos. Decenas de garzas caen en picada a las aguas sucias, aterrizan sobre lirios, se mueven en la boca de agua dulce culebras verdes frente al océano Pacífico. Antes del lago oscuro, hay pequeños arroyos limpios que bordean ciénagas marinas y piedras con algas petrificadas.
Desde las dunas de la playa se alcanzan a ver los escombros de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que comparten Santa María Mixtepec y Santa María Colotepec, los municipios a los que pertenece Puerto Escondido.
Es una estructura abandonada ubicada a 100 metros de la zona costera, un edificio que nunca sirvió y costó millones de pesos al erario y es parte de las 158 depuradoras de aguas industriales y sustancias contaminantes que no funcionan en Oaxaca desde hace al menos 20 años, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La reserva de Punta Colorada consta de 11 hectáreas en litigio. Una larga extensión de playa, mar y selva baja que, desde antes de la fundación de Puerto Escondido como tierra de surfistas, era la zona silvestre más grande de las bahías, rica en biodiversidad natural, animales y plantas adaptados a la costa.
Negocio de gobernadores
Punta Colorada lleva años siendo un botín que han deseado los gobernadores, desde Diódoro Carrasco (1992-1998) hasta Salomón Jara Cruz, coinciden los pobladores organizados durante el recorrido que hizo EL UNIVERSAL en la zona.
Es un proyecto donde la inversión estatal y privada es de 716 millones de pesos para la primera etapa y que contempla la construcción de cuatro hoteles de cinco estrellas, además de dos fraccionamientos residenciales y la posibilidad de que en las bahías aledañas, como Playa Bacocho, puedan lotificar otras desarrolladoras inmobiliarias. Todo esto, aunque los comuneros agrupados en la coalición Salvemos Colorada y el Fondo para la Conservación de la Naturaleza en Oaxaca hayan obtenido el 24 de mayo de este año la suspensión definitiva de la obra que anunció el gobierno estatal en 2023.
Una suspensión que, de acuerdo con los comuneros, no ha detenido el proyecto, por el contrario, ha intensificado la operación de destrucción del área. Afirman que el gobierno estatal no ha hecho caso a la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito de Salina Cruz, que en el expediente 374/2024 en poder de este diario, que advierte que esa obra ocasionaría un desastre ecológico y una afectación a un medio ambiente sano. El documento señala: “El gobierno debe abstenerse de otorgar cualquier tipo de licencia, permiso y autorización, visto bueno o similar por objeto a autorizar la quema de basura o cualquier otra cosa que cause contaminación, en caso de haber otorgado los permisos suspenderlos de manera inmediata”, lo que no ha sucedido.
Una reserva contaminada a propósito
Manuel Martínez Carreño, comunero y activista ambiental, subraya que desde noviembre de 2023, y durante los últimos ocho meses, los gobiernos estatal y municipal implementan una estrategia para hacer ver a Punta Colorada como un páramo sin vida, contaminándola ellos mismos, para echar a andar su proyecto turístico.
“Primero ganamos un amparo en enero, donde la suspensión era provisional, en ese amparo había 300 firmas de rechazo de comuneros, ambientalistas, el juez resolvió a favor porque hay estudios emitidos por Semarnat que señalan que la playa y su costa tienen especies protegidas por la NOM 59, que es la norma mexicana que identifica especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo y que necesitan protección, no la destrucción de su hábitat”, explica Martínez Carreño, que también es parte de la organización SOS Puerto.
Expone que el gobierno hace “el trabajo sucio” contaminando la costa y la playa, sistematizando tiraderos de escombros en selva seca, en selva en la playa para matar especies y que parezca ante la opinión pública que Punta Colorada no tiene valor e importancia ambiental.
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“Se esperaron a que pasara la elección para comenzar los amedrentamientos, ahora descargan pipas con aguas sucias de hoteles, tiran agua en zonas sin drenaje, y dejan que vengan particulares a tirar los desechos de sus obras privadas, los municipios tiran su basura mañosamente para decir que Punta Colorada no es una reserva especial y poder hacer el negocio a costa de la vida de los comuneros”, denuncia el defensor territorial.
Comuneros y medioambientalistas señalan que hay una ignorancia conveniente por parte de las autoridades estatales. Como ejemplo señalan que el secretario general de Gobierno, Jesús Romero, anunció que van a implementar un sistema de agua pluvial para hacer sustentable el proyecto turístico y residencial, lo que aquí no es viable.
“Tal vez en otro tipo de terrenos donde hay mantos acuíferos que sean más permanentes pude hacerse eso, no en un bosque tropical caducifolio, aquí se hacen zanjas, no se absorbe el agua, piensan hacer pozos y sacar agua, quieren engañar a los que quieren construir o comprar residencias a la orilla del mar”, enfatizó.
Acabarán con todo
Durante las seis horas que EL UNIVERSAL recorrió la reserva de Punta Colorada contabilizó al menos 15 vehículos pesados, entre pipas y volteos tirando cascajos y desechos en las dunas al pie del área protegida. Un sistema hormiga en el que los pobladores basan sus acusaciones sobre contaminación a propósito para negar la reserva ambiental.
El proyecto turístico de Punta Colorada es el gran negocio que sigue a la supercarretera Oaxaca-Puerto Escondido, que ha disparado la compra de terrenos de funcionarios del gobierno y es parte del colapso de una zona de playas que no tiene basureros, sino tiraderos de basura y muchas de sus colonias no tienen drenaje, donde el gran beneficiario sólo es el turista.
“La lotificación de Punta Colorada acabaría con todo, afectaría el ecosistema marino, costero y terrestre. Sólo van por nuestros recursos, incrementarían las aguas residuales que entran al puerto. Toda esa zona, sin los manglares y la selva, quedaría sin la laguna que filtra al mar y lo cuida un poco de las aguas de drenaje. Quieren hacer zonas residenciales para extranjeros, cuando la mayoría de la gente de los municipios de Mixtepec y Colotepec no tienen la capacidad de evitar fugas de aguas negras en toda la zona costera”, denunció Humberto Olivera López, defensor comunitario de la última playa virgen de las bahías locales.
Dijo que Punta Colorada sufre por cárcamos que no funcionan y lo mismo sucede en las comunidades de Emiliano Zapata, Bajada las Brisas, la Bahía Principal, Puerto Angelito, Manzanito, Carrizalillo y Playa Coral, donde en tiempos de lluvias se tiran las aguas negras y hay estructuras de bombeos fracturadas y aguas contaminadas las 24 horas del día llegando al mar.
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La estrategia de criminalizar
El 6 de junio pasado, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que Punta Colorada estaba invadida de “paracaidistas” y que presuntos ambientalistas querían controlar el lugar. Afirmó que la obra era para mejorar la infraestructura de ese destino, ante el incremento del turismo.
Los comuneros señalaron que esa criminalización fue la reacción del gobierno estatal ante la resolución del juez para prohibir el desarrollo del proyecto.
