se ubicó en el tercer lugar nacional con el en ductos de durante el sexenio de.

Con un total de ocho mil 636 perforaciones en ductos transportadores de combustibles, la entidad formó parte del top ten del delito en contra de la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex)

Con un promedio de entre mil a dos mil tomas anuales, el problema del huachicol se extendió a más de una treintena de municipios y regiones de la geografía poblana.

Las cifras oficiales, obtenidas por vía de la transparencia, reportaron que en el 2019, fueron encontradas mil 848 perforaciones ilegales; en el año 2020 el número fue de 1903, y en el 2021 mil 849 piquetes.

Para el 2022 se contabilizaron mil 22 tomas clandestinas, en 2023 se acumularon mil 273 y de enero a agosto del presente año, sumaban ya 743.

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La detección y deshabilitación de las llaves ilegales ocurrieron en distintos municipios, no sólo del llamado Triángulo Rojo del Huachicol: Santa Maria Petapa, Acajete, Acatzingo, Ahuazotepec, Amozoc, Chachapa, Coronango, Cuautlancingo, Esperanza, Huauchinango, Huejotzingo, Jalpan, Los Reyes de Juárez.

Así como Palmar De Bravo, Puebla, Quecholac, San Antonio Arenas, San Baltazar Temaxcalac, San Lucas El Grande, San Martin Texmelucan, San Matias Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, San Salvador El Verde, Tecamachalco, Tepeaca, entre otros.

En diversas regiones del estado de Puebla se ha documentado un fuerte arraigo social al delito del huachicol e incluso se han registrado episodios de violencia donde los ciudadanos actúan en contra de las fuerzas de seguridad.

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