El estado de Puebla, junto con Nayarit y Yucatán, registran las menores garantías a su población más desfavorecida a la defensoría y representación pública gratuita y profesional en materia penal, fiscal, civil y administrativa.
Puebla pertenece al grupo de siete estados del país que cuentan solo con Unidades Estatales y un Instituto de la Defensoría Pública en el ámbito federal, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Tanto el Instituto Federal de la Defensoría Pública, como las Unidades Estatales son para garantizar el derecho a la defensoría y asesoría jurídica en materia administrativa, fiscal, civil, causas penales, laboral, familias, justicia para adolescentes, entre otros, a favor de la población más desprotegida del país, con los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo.
De acuerdo con el reporte oficial, la entidad tiene sólo tres oficinas defensoras y de asesoría jurídica, cuyo presupuesto anual en 2023 fue de 52.2 millones de pesos (puesto 18 de 32), de un presupuesto total de 4 mil 028 millones de pesos.
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Estados vecinos como Veracruz cuentan con 41 oficinas y un presupuesto de 26.6 millones de pesos; en tanto Oaxaca con 52 oficinas y un presupuesto de 102.1 millones de pesos; por mencionar algunos.
Durante el año pasado Puebla cerró con 15 mil 395 mil solicitudes de defensoría pública, 800 por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública y 14 mil 595 de Unidades Estatales.
En cuanto a asesoría jurídica, Puebla cerró 2023 con 11 mil 600 casos, de éstos, mil 395 fueron de la instancia federal y más de 10 mil 200 asesorías jurídicas por parte de la estatal.
En Puebla los casos legales más altos en número fueron en materia penal (77.7 por ciento), civil (57.6 por ciento) y familiar (55.7 por ciento); para ser atendidos por un total de 70 trabajadores adscritos al instituto federal y por 214 trabajadores de las Unidades Estatales encargadas de la defensoría pública y asesoría jurídica.
afcl/LL