se ubicó en el top ten de estados con mayor número de casos de montachoques, personas que buscan provocar un accidente vial para después exigir un pago, según un estudio del Senado de la República.

El Instituto Belisario Domínguez, en su estudio "Montachoques, amenazas y extorsiones para la movilidad en México", reveló que medios de comunicación han alertado de estos sucesos en zonas urbanas de la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz, así como en algunos tramos carreteros.

Sin precisar números, el estudio subrayó que durante los últimos años han aumentado considerablemente las denuncias por dedicadas a provocar incidentes de tránsito y exigir pagos exorbitantes a las y los automovilistas que circulan por las ciudades del país.

Los montachoques ocasionan perjuicios a la sociedad tales como daños a la propiedad ajena, lesiones, golpes, extorsiones, amenazas, entre otras conductas delictivas.

Su modus operandi de estos, es cuando los delincuentes identifican a su víctima, el automóvil que va a provocar el choque cambiará de carril incorporándose delante del vehículo, para posteriormente aplicar una maniobra de frenado inesperada con el objetivo de que la persona que será extorsionada no alcance a frenar y se impacte.

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Esta situación también ha causado preocupación en algunas ciudades y municipios, por el tema de movilidad en el eje temático de zonas metropolitanas. No obstante, esta nueva modalidad delictiva no está correctamente tipificada y solo algunos estados la tienen entre sus códigos penales.

En la actualidad, estas actividades se encuentran tipificadas penalmente como extorsión, daños, golpes, amenazas, afectaciones patrimoniales, lesiones, entre otros.

Aunque también apunta que los montachoques podrían ser consideradas como conductas del crimen organizado, debido a la cantidad de personas que participan en estos ilícitos.

En el Congreso de la Unión se encuentran más de diez iniciativas que abordan el delito de extorsión en accidentes viales provocados para tal fin, donde se plantea elevar las penas por este delito mediante la modificación del artículo 390 del Código Penal Federal. Sin embargo, dichas iniciativas están pendientes de discusión y dictaminación en comisiones.

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