Oaxaca de Juárez.- A poco más de un mes y medio de que el Congreso local aprobó reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca , con la cual se extingue el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) y el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, este miércoles fue publicado el decreto en el Periódico Oficial, con lo que se concreta la desaparición de ambos órganos autónomos.
Con 28 votos a favor, el pasado 14 de abril el pleno de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó una iniciativa de Morena para la desaparición del actual Instituto de Transparencia y en su lugar la creación de otro organismo que se encargue de garantizar estos derechos a la ciudadanía en Oaxaca, que se denominaría “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno”.
De acuerdo con lo publicado este 2 de junio en el Periódico Oficial, el gobernador Alejandro Murat hace saber a los habitantes de Oaxaca que la Legislatura del estado ha aprobado el Decreto 2473, que consiste en la modificación de los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, de las fracciones VI y V, del párrafo segundo y tercero de la fracción VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución oaxaqueña.
Así, con la publicación del decreto que entra en vigor este jueves, quedó establecido que el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca es “un órgano autónomo, especializado, independiente imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna”.
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Además, será responsable de salvaguardar el ejercicio de los derechos de acceso al información pública, a la protección de datos personales y garantizar “la observancia de las normas y principios de buen gobierno en los términos que establezca la ley”.
El nuevo órgano quedará integrado por un comisionado presidente y cuatro comisionados ciudadanos que “serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Congreso, atendiendo la idoneidad, experiencia, honorabilidad, así como los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación”.
Dichos comisionados durarán en el cargo cinco años y no tendrán la posibilidad de reelección; serán sustituidos individualmente en forma escalonada y la presidencia será rotativa. Ninguno podrá ocupar cargos en partidos políticos ni desempeñar otro empleo de servicio público y sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución; además, recibirán una remuneración conforme a lo que la legislación establezca, pero “observando en todo momento en el principio de austeridad”.
La publicación del Periódico Oficial también señala que las resoluciones del órgano garante serán “vinculatorias definitivas e inapelables para los sujetos obligados”; además, establece que el Congreso deberá emitir la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, dentro de un plazo de 60 días naturales posteriores a la publicación del decreto.
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Consultada por EL UNIVERSAL previo a la publicación del decreto, Maria Antonieta Velázquez Chagoya, la comisionada presidenta, indicó que se esperaba que la extinción del Instituto se hiciera oficial con la publicación en el Periódico Oficial, pero señaló que la ruta de la defensa de este órgano autónomo gira en torno a la defensa de derechos adquiridos como el derecho a la información y el combate a la corrupción en conjunto, para lo cual se cuenta con el apoyo de la sociedad civil y de el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Lo anterior dado que durante los 60 días en los que se deberá crear la nueva Ley de Acceso a la Información los oaxaqueños quedarán en la indefensión y no se ha determinado quién atenderá las solicitudes de información que la ciudadanía interponga en dicho periodo, por lo que la comisionada considera que se les deja en un estado de indefensión.
“Vamos a velar por los derechos humanos adquiridos, eso es lo que exigimos, respeto a los derechos que ya se tienen”, señaló.
Además, también se publicó el decreto 2495 con el cual el cual se extingue el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y en su lugar se crea un Consejo.
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