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Para reducir los altos índices delictivos que registra el estado y combatir la violencia e inseguridad que aquejan a ciudades como Cancún , el gobierno estatal invertirá dos mil 900 millones de pesos en el arrendamiento de equipo y tecnología , como parte del programa "Quintana Roo Seguro".
Dicho arrendamiento, que incluye patrullas, arcos de seguridad y tecnología avanzada , no será licitado, pese a que el monto lo amerita, admitió el Oficial Mayor, Manuel Alamilla.
El Observatorio Legislativo consideró que por tratarse de un “arrendamiento”, lo que la 15 Legislatura aprobó en realidad al mandatario estatal, podría ser considerado una nueva deuda, de acuerdo con los preceptos y definiciones contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios.
El grupo ciudadano-empresarial señaló que, conforme al artículo 2, fracción XI de la Ley de Disciplina Financiera, todo arrendamiento es considerado un financiamiento y según la fracción VII, es deuda pública.
El mismo Observatorio también consideró que la contratación para el arrendamiento de equipo y tecnología debe ser licitada, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Disciplina Financiera.
Al respecto, el Oficial Mayor, rechazó que el arrendamiento implique una nueva deuda y respondió que no habrá licitación, por cuestiones de seguridad, ya que la información que se manejará es sensible.
"Hay excepciones en la ley para las licitaciones, sobre todo en términos de que estamos hablando de en materia de seguridad, estamos hablando de información privilegiada que no quisieramos que tuviera el crimen organizado en sus manos, ni ningún otro malhechor.
"Es información sobre posicionamiento de postes, de cámaras, de situaciones de operatividad; sobre todo de infraestructura (...) sí hay información delicada, información que debemos de cuidar y que en ese proceso de cuidarlo, también debemos de cuidar a quien le vamos a brindar información para que cotice el proyecto", argumentó.
La asignación directa esta contemplada en la Ley de Adquisiciones ; reconoció que por el monto, esa misma ley obliga a licitar, pero insistió en que prescindir de concursar el o los contratos esta previsto como una excepción por motivos de seguridad.
En cuanto a si implica una nueva deuda, respondió que no se trata de un arrendamiento "financiero", sino "puro", que no implica endeudarse.
El funcionario subrayó que de acuerdo con el decreto 249, los dos mil 900 millones de pesos serán pagados con recursos propios, por lo cual descartó que se pida algún crédito para cumplir con los compromisos financieros que supone el arrendamiento.
Alamilla dio a conocer que evalúan ya estudios de mercado y al menos cinco propuestas para designar a la o las empresas.
Una de las figuras exploradas es la del "integrador", que consiste en nombrar a un responsable de proyecto que se haga cargo de proveer todos los servicios y equipo requeridos.
"No lo vería yo necesariamente como un solo proveedor, pues, sino como un integrador que te facilita la coordinación de este tipo de figuras, de sistemas entre varios entes", expuso.
A finales de mayo pasado, el Congreso del estado le aprobó al gobernador, Carlos Joaquín González , la firma de un contrato o contratos para arrendamiento puro de equipo tecnológico, por un monto autorizado de dos mil 900 millones de pesos , durante un período de 51 meses.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) estará a cargo de la asignación de los recursos a través de l Presupuesto de Egresos ; los pagos serán plurianuales y el contrato será firmado por la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) , en los términos que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del estado , recientemente reformada.
La titular de Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz , confirmó que están en posibilidades de hacer frente al pago multianual, "con puros ingresos propios".
En entrevista por separado, la funcionaria agregó que será hasta que se tenga firmado el contrato se podrá saber a cuánto ascenderá la erogación.
maf
