Juchitán.— El 7 de julio de 2019, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) enfrentó la primera oposición por parte de cuatro ciudadanos indígenas, quienes se ampararon contra el decreto que creó dicho organismo el 14 de junio de ese año. Desde entonces se advertía la resistencia de la comunidad que actualmente crece frente a las amenazas gubernamentales para lograr destrabar y que avance este megaproyecto.
A partir de ese año, las autoridades responsables de diseñar el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) 2019-2024 y de ejecutar las acciones del CIIT desdeñaron los reclamos de los pueblos originarios, acusa el asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres.
Bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en enero de este año dio a conocer los resultados de sus investigaciones correspondientes a 2021 y 2022, el CIIT debe fortalecer sus mecanismos de coordinación con 24 dependencias federales responsables de dicho plan de desarrollo. La cifra sube a 35 si se considera a aquellas que deben atender las peticiones derivadas de los procesos de consulta indígena para la creación del PDIT 2019-2024.
Debe hacerlo, explica el organismo fiscalizador, para que “se definan responsables, tiempos de ejecución, asignación de recursos y mecanismos de seguimiento, a fin de contribuir a evitar protestas sociales que limiten los trabajos”.
Esta es una de las recomendaciones de la auditoría al Corredor Interoceánico, luego de constatar la ausencia de coordinación con las 35 dependencias del gobierno federal que tienen pendientes de responder 70% de las mil peticiones realizadas por los pueblos indígenas.
Un año después de la creación del CIIT, el 14 de junio de 2019, el entonces titular de esa dependencia, Rafael Marín Mollinedo, ignoró otras de las primeras muestras de inconformidad con la modernización de la red férrea del Tren Transístmico, considerado la columna vertebral del Interoceánico: autoridades municipales y agrarias de 14 comunidades de la zona norte del Istmo crearon un frente contra esa obra.
Las autoridades de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), responsable del proyecto, y del CIIT, tampoco valoraron los acuerdos de la asamblea del 15 de abril de 2020 del ejido Mogoñé Viejo, donde demandaron mayor información sobre el corredor y suspendieron los trabajos, que se mantienen interrumpidos, bajo la permanente intimidación de la Secretaría de Marina (Semar).
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, las acciones de resistencia y rechazo a la modernización del Tren Transístmico tienen su origen en la falta de respuestas a esas mil peticiones que presentaron al menos 3 mil 796 personas, a nombre de casi un millón de indígenas, lo anterior luego de las siete asambleas regionales convocadas en 2019 por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Hasta finales de 2021, la ASF documentó que, de las mil peticiones presentadas, como construcción de caminos y puentes, hospitales y universidades, plantas de tratamiento de aguas residuales, centros de relleno sanitario, carreteras para la comunicación intrarregional, así como apoyos para la agricultura y ganadería, 70% no habían sido atendidas, es decir, 700.
“La resistencia de las comunidades indígenas se mantendrá e irá en crecimiento”, augura Beas Torres, primero, porque las consultas no se apegaron a los protocolos internacionales, y segundo, porque el proyecto del Corredor Interoceánico se diseñó sin la opinión de los pueblos y sin atender sus vocaciones productivas, sino favoreciendo la industria.
En sus investigaciones, la ASF reveló que el CIIT omitió la celebración de convenios con 35 instancias federales, 24 de ellas vinculadas para facilitar la ejecución del PDIT 2019-2024, como las secretarías de Energía, Hacienda, Salud, Turismo e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Pemex y Comisión Federal de Electricidad, entre otras.
Y únicamente concretó convenios con las secretarías de Desarrollo Territorial y Urbano, Cultura, Educación Pública, Agricultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Como resultado, la modernización de 206 kilómetros de vía de la línea Z de Medias Aguas, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, que comenzó el primer día de abril de 2020, con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos, y que forma parte de las obras del programa para el desarrollo, enfrenta retrasos por las protestas sociales de pueblos originarios; para la Ucizoni, el cambio de autoridades civiles por militares al frente del Transístmico y del Interoceánico cancelan el diálogo.
Lo anterior porque desde enero de este año está al frente del CIIT el vicealmirante Reynaldo Morales Ángeles, quien, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina, estudió cursos de Política y Estrategia de Defensa en Estados Unidos.
“La Marina o Semar no dialoga y tampoco construye acuerdos. Lo hemos visto en los últimos días en las movilizaciones que realiza Mogoñé Viejo. Ellos intimidan”, enfatiza el activista Carlos Beas Torres.
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