Trabajadores sindicalizados de los tres poderes de la entidad, así como de la Sección XVIII la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) y de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte), iniciaron esta mañana una marcha en la ciudad de Morelia.
La manifestación de los sectores sindicales del aparato burocrático y magisterial es para exigir que se reintegre el adeudo de más de 380 millones de pesos que el gobierno de Michoacán debe al Sistema de Pensiones Civiles del Estado, que se encuentra paralizado desde el pasado mes de agosto.
La marcha inició este martes en el cruce que hacen la Calzada Ventura Puente y Camelinas y tenía como destino la Casa Oficial de Gobierno, ubicada en el Libramiento Sur de la capital michoacana, donde realizarían un mitin.
No obstante, un cerco policial les impidió llegar y ante los uniformados, al grito de ¡Gobierno represor, también es un traidor!, los líderes sindicales se dirigieron hacia Palacio de Gobierno en el Centro de la ciudad.
El resto de trabajadores que se manifestaban, se quedó sobre el Libramiento Sur por varios minutos, hasta que los intentaron desalojar con gases lacrimógenos , por lo que optaron retirarse.
Los trabajadores sindicalizados al servicio de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el magisterio, exigen que se realicen los depósitos que adeuda el gobierno estatal, ya que la falta de liquidez le tiene paralizados los préstamos y otros servicios a los más de 12 mil empleados de base.
Según la Contraloría del estado ya se investiga desde enero de este año el desfalco y los actos de corrupción; la Dirección de Pensiones también adelantó desde principios de este 2017 que se presentaría la denuncia penal para dar con los responsables.
DESFALCO HISTÓRICO
Esos recursos comenzaron a desaparecer
del fideicomiso que “administra” la Dirección de Pensiones Civiles del Estado desde el año 2010, a pesar de que les fueron descontados a los trabajadores de su cheque mecanizado de nómina.
La crisis por corrupción inició en el gobierno del exgobernador Leonel Godoy Rangel, quien le heredó a la administración de Fausto Vallejo Figueroa en 2011, un adeudo de más de 337 millones de pesos.
En mayo del 2014, el desfalco al fideicomiso ya había incrementado a 440 millones de pesos,
de acuerdo al líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreyra Piñón.
El dirigente sindical refirió que la afectación financiera en ese rubro a la clase laboral, es que ya se registró un déficit mayor en términos reales, porque ya no se generan ganancias por concepto de intereses financieros.
Ferreyra Piñón dijo a EL UNIVERSAL en diciembre del 2015, que la falta de pagos al fideicomiso creció hasta en 500 millones de pesos durante el periodo como gobernador sustituto de Salvador Jara Guerrero (20 de junio de 2014 al 30 de septiembre de 2015).
Salvador Jara –actual subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública¬–, fue impuesto como mandatario sustituto en el estado por el entonces excomisionado “para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán”, Alfredo Castillo Cervantes.
Antes de dejar el cargo, los trabajadores paralizaron gran parte de las oficinas públicas y le exigieron a Jara Guerrero que cubriera el dinero, por lo que se vio obligado a realizar un pago parcial, con el compromiso –que nunca cumplió- de que no se iría sin liquidar el total.
Según la actual titular de la Secretaría de Contraloría, Silvia Estrada Esquivel, acusó el 17 de enero que tras una investigación, se identificó la falta de pago por concepto de aportaciones patrón-trabajador a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado por 92 millones 155 mil 951 pesos.
Ante medios de comunicación, Estrada Esquivel precisó que este adeudo es correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, aun cuando se realizaron las retenciones a los trabajadores a través de los descuentos respectivos.
Un mes después, el gobernador Silvano Aureoles Conejo , contradijo las cifras de la contralora estatal y reveló , que entre los años 2013–2014 no se pagaron al Fondo de Pensiones 150 millones de pesos y de enero a septiembre del año 2015 350 mdp más.
Este desfalco de 500 mdp, dijo, lesiona a los trabajadores y está prohibido por la ley, por lo que su administración había destinado 150 millones de pesos al pago de esos pendientes y su gestión no tenía ningún adeudo en ese rubro.
Ese mismo día, el titular de la Secretaría de Gobierno, Adrián López Solís advirtió que a través de las instancias correspondientes ya investigaban los desvíos del fondo de pensiones por el orden de 500 mdp.
No obstante, apenas el pasado 14 de octubre, Silvia Estrada, la contralora, nuevamente cambió la cifra y declaró que el déficit en el fideicomiso del Sistema de Pensiones Civiles era de 400 millones de pesos.
Aún así, esta cifra de Estrada difiere a la que el titular de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado, Ignacio Ocampo Barrueta, dio a conocer el 3 de febrero del 2016, cuando se paralizó por primera vez el servicio en ventanillas de esa dependencia estatal.
El funcionario estatal informó en ese entonces que, el adeudo del Poder Ejecutivo a la DGPCE era por un monto de 518 millones de pesos , la cual se asimila a la del mandatario michoacano, el secretario de Gobierno y a la del líder sindical del Staspe.
Advirtió que por acuerdo de la Junta de Pensiones en ese mismo mes presentaría la denuncia penal ante la Procuraduría del Estado en contra de quien resulte responsable de ese desfalco. Actualmente no hay detenidos por este hecho delictivo.
cfe