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Habitantes de distintas comunidades de Dinamita, perteneciente al municipio de Gómez Palacio, Durango, interpusieron una demanda por nulidad de la resolución que dictó la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que permitió la instalación de la empresa Chemours Company, una planta de cianuro de sodio, un veneno muy potente.
Más de 30 pobladores de comunidades como El Siete Pueblo Nuevo, el Volado y Abisinia, entre otras, se manifestaron en las oficinas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Torreón, donde se presentaron las acciones legales.
Los inconformes llegaron a las 10:00 de la mañana y gritaron consignas: “Aispuro, Aispuro, queremos aire puro”, en referencia al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. “Dinamita sí existe, El Siete sí existe”, “queremos el Volado”, “fuera cianuro, fuera Chemours”, “justicia, justicia”. También advertían de peligro por la instalación de la fábrica.
Gustavo Lozano, defensor y miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), aseguró que Chemours presentó una manifestación de impacto ambiental que “contiene muchas irregularidades, falsedades y mentiras”.
Explicó que piden la revisión de la resolución para que se instale la compañía, pues consideró que la misma es ilegal. La empresa había anunciado una producción anual de hasta 65 mil toneladas de cianuro.
Lozano detalló que entre las irregularidades encontradas, Chemours informó que en un radio de ocho kilómetros no existen comunidades que puedan ser dañadas y que las más cercanas son Brittingam y Marta, cuando la localidad de El Siete Pueblo Nuevo tan sólo está a algunos cientos de metros; 10 comunidades resultarían afectadas.
También establecieron que en la zona no existe fauna y flora registrada en la Norma Oficial Mexicana 059, que tiene que ver con especies altamente protegidas, cuando, según Lozano, existen cactus propios de la región, aves y animales de suelo que están incluidas en la NOM y reconocidas en los ordenamientos territoriales.
“Hay también un montón de irregularidades que tienen que ver con el ordenamiento ecológico del municipio de Gómez Palacio y el estado de Durango, que tienen políticas ambientales para ese predio, políticas de restauración y conservación y por ende no se debió dar permiso”, dijo.
Chemours Company fue expulsada de dos municipios de Guanajuato donde pretendía instalarse, en esos casos se logró parar el proyecto, debido a una alta participación social, en la que se mantuvo vigilada a las autoridades. “Mientras que en Guanajuato el proceso aún no concluía, en Durango ya se había iniciado por la misma empresa. Estábamos con la atención en Guanajuato cuando aquí ya estaba el proceso encaminado”, criticó Gustavo Lozano.
Reprochó que la empresa haya “madrugado” a las comunidades, pues ninguna autoridad municipal, estatal o federal, les comunicó sobre el proyecto, ni les pidió su opinión.
Recalcó que no se hicieron los estudios en dependencias federales para aprobar la manifestación que presentó la empresa. El miembro de REMA afirmó que Chemours dejó de presentar requisitos y pese a ello la autoridad autorizó su instalación.
Sobre el actuar de gobierno de Durango, Gustavo Lozano dijo que no tienen jurídicamente “vela en el entierro”, pero lamentó que políticamente dio un espaldarazo al proyecto junto con la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera. “No hubo un apego estricto a la ley”, dijo.
