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Tijuana.— Grupos radicales que se identifican como Pro Familia y ligados a la ideología religiosa, anunciaron que pedirán la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) para echar atrás la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que a principios de esta semana validó la interrupción del embarazo en cualquier hospital del país en casos de violación.
La respuesta de grupos conservadores fue anunciada ayer en conferencia de prensa desde Mexicali, a través de Guillermo Montaño, quien detalló que los colectivos en contra de la interrupción del embarazo interpondrán una denuncia contra la SCJN porque consideraron que su decisión viola la Constitución al abrir un marco a la impunidad en los casos de abuso sexual.
Pero mientras Pro Vida anuncia movilizaciones en el país para protestar, colectivos feministas también se pronuncian por la continuidad de una agenda que incluye protestas, campañas de difusión y orientación para quienes tienen interés en interrumpir su embarazo.
Carolina Barrales, del Colectivo Feminista Círculo Violeta, dijo que la decisión de la SCJN es un pequeño cambio que ayuda a equilibrar la deuda que tiene el Estado mexicano con los derechos de las mujeres y las niñas del país, para garantizar sus derechos y el acceso a servicios básicos, como la salud, en medio de un clima de violencia.
“Seguimos atadas a las prácticas del Estado, porque a la hora que las mujeres quieren acceder a un aborto, ellos [los médicos] pueden negarse. Falta educación no sólo a la gente, sino también a personal médico (…) incluso, hemos tenido casos de niñas que van a denunciar una violación y les responder cosas como ‘por qué andaban afuera’, ‘pero bien que les gustó’… es una doble victimización”, lamentó.
El jueves pasado los colectivos feministas se sumaron al movimiento Pañuelazo Verde, bajo el eslogan: La maternidad será deseada o no será. Barrales también dijo que habrá otras actividades como campañas de información y protestas durante este mes y septiembre, en donde se sumaran a organizaciones de otros estados.
El lunes pasado el Tribunal Pleno desechó dos proyectos, que trataron de una controversia constitucional promovida en 2016 por los Congresos de Baja California y Aguascalientes, que proponían invalidar la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM 190 SSA1 1999, que fue suplida por la Norma Oficial Mexicana NOM 046 SSA2 2005.
La normal actual (NOM 046) considera que las mujeres embarazadas por abuso sexual podrán interrumpir la gestación sin la necesidad de comprobar con documentos de la procuraduría la comisión del delito, y deberán tener acceso al procedimiento médico en cualquier hospital de México.
Otras protestas. Ayer, en Zacatecas, colectivos feministas se manifestaron afuera del Palacio Legislativo, para sumarse al movimiento Pañuelazo Nacional, convocado por La Marea Verde, que pugna que se legisle en favor de la interrupción del embarazo legal, seguro y gratuito.
Se estima que fueron unas 60 feministas quienes de manera pacífica se manifestaron y exigieron la legalización del aborto como parte de un derecho de las mujeres a elegir libremente con su cuerpo, que disminuiría los altos índices de abortos clandestinos.
