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El diputado priísta José Luis Romero Calzada presentó una iniciativa de ley para que en San Luis Potosí se aplique la castración química a los violadores como medida de seguridad.
El legislador señaló que de acuerdo a la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad , en 2016 esta entidad ocupó el segundo lugar en delitos sexuales .
Argumentó que el año pasado el Ministerio Público investigó 335 casos de violación en la entidad, pero de acuerdo al Instituto de las Mujeres en el Estado , en San Luis Potosí sólo se denuncia uno por cada diez casos de violación sexual .
“Lo que está ocurriendo en San Luis Potosí con la violencia sexual a las mujeres es considerablemente grave”; en 2015 se denunciaron 160 contra 335 del año anterior, “lo que indica que la incidencia en este delito va en aumento y que las autoridades no parecen estar haciendo mucho al respecto”, aseveró.
Destacó que la técnica de “castración química” debe preverse en la legislación penal local como una medida de seguridad obligatoria para los reos sentenciados por los delitos, y sopesando los derechos de las víctimas.
"Es un procedimiento ambulatorio por el que se inyecta de forma intramuscular un medicamento llamado 'DepoProvera', que debe repetirse cada seis meses. Lo que hace el medicamento es detener, a nivel cerebral, la liberación de hormonas y neurotransmisores relacionados a la excitación sexual y producción de semen", describe en la exposición de motivos.
Romero Calzada comentó que esa técnica es una gran medida para prevenir y evitar la reincidencia de violadores, y que en México debemos concientizar a las personas que esta medida no ocasiona un cambio físico permanente y por tanto deben avanzar las propuestas que se han hecho al respecto.
La castración química es una forma de ayudar a reducir en gran medida las violaciones que se presentan día con día, afirmó.
Romero Calzada destacó que en 2007 y en 2016 la fracción del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propuso reformas al Código Penal y a la Ley de Salud locales, para imponer la pena de “castración química”, que no prosperaron, en tanto que desde abril del 2017 en el Congreso de Tabasco existe una iniciativa del diputado del PVEM en el mismo sentido.
Dijo que la castración química es una medida de seguridad, que a diferencia de la pena, no está destinada a reprimir un delito ya producido sino a prevenir uno que no ha sido cometido, pero puede sobrevenir.
Propone adicionar al artículo 60 del Código Penal del Estado la fracción VI que establezca la castración química como medida de seguridad, e incorporar el artículo 177 bis, en el que plantea que además de las penas previstas en el Código Penal por el delito de violación se imponga a los sentenciados el procedimiento de castración química.
La implementación de dicha técnica también representa una ventaja económica para el Estado, en virtud de que el coste del medicamento que se requiere para inhibir sexualmente a una persona, va muy por debajo del coste respectivo por la manutención de un individuo dentro de un centro penitenciario.
El medicamento que se requiere cuesta aproximadamente 323.62 pesos, por lo que tomando en consideración que se debe aplicar para su efectividad dos veces al año, el gasto sería 647.24 pesos anuales por individuo.
afcl
