Oaxaca de Juárez.- La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) llevó a cabo un diálogo regional en la ciudad de Oaxaca , con el objetivo de impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Además de impulsar una ley también se ha propuesto la creación de un Sistema Nacional para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, y la creación de un Registro Nacional de Agresiones.
“La impunidad es un factor que alienta al criminal”, sostuvo un participante, quien propuso que también se incluya o se establezca un mecanismo para que la Fiscalía General de la República (FGR) o fiscalías locales abatan esta impunidad.
En respuesta, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, dijo que la impunidad está en las fiscalías y que no es un problema de jueces o juezas.
Reconoció que la impunidad “reina” no sólo en las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, sino también en otros delitos a otros sectores de la sociedad.
“Decir que el mecanismo va a combatir la impunidad sería mentir… la más grande transformación del país sería en la impunidad… nos rebasa en materia”, afirmó.
En la reunión, la cual se realizó de manera presencial y a través de la aplicación digital Zoom, participaron defensores de derechos humanos y periodistas, algunos de ellos del estado.
Durante el diálogo regional activistas de derechos humanos, en el contexto de las agresiones a estos dos actores sociales, denunciaron que no hay acompañamiento psicosocial a las víctimas por los daños causados tanto a ellos como a sus familias; también pidieron prestar atención a las difamaciones, consideradas como un primer ataque.
Criticaron que desde el gobierno no se atiendan diagnósticos, recomendaciones y protocolos por instancias internacionales, como las realizadas por la Organización de las Naciones Unidades (ONU) y de las cuales se desconoce sí han sido atendidos o no.
Por ejemplo, entre esas recomendaciones destacaron la necesidad de tomar acciones de prevención, que las actuaciones sean con perspectiva de género, medidas colectivas y no discriminación.
Señalaron que la ONU afirma que no es necesaria una nueva legislación sino que se debe fortalecer lo ya existente, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Segob.
Por eso, cuestionaron qué medidas se realizarán para fortalecer este mecanismo paralelamente a la iniciativa de ley que impulsa el gobierno federal.
“No es necesaria una nueva ley general… Hay una serie de protocolos y reformas que parece que esos avances se quedan en el cajón… Me parece grave que se ignoren ya diagnósticos, recomendaciones”, dijo uno de los participantes.
Los activistas hicieron hincapié en la necesidad de aumentar las sanciones y que estas se apliquen de manera rápida contra los agresores, quienes según las estadísticas, los principales son funcionarios de todos los niveles de gobierno.
Mientras que algunos periodistas, como Soledad Jarquín Edgar, puntualizaron sobre las medidas de prevención para evitar las agresiones y que los agresores nunca queden en la impunidad: “se tiene que hacer que las leyes se cumplan, que las instituciones responsables actúen y que investiguen, porque no lo hacen”.
Igualmente consideró que se deben “poner dientes” y establecer sanciones a los funcionarios, como la inhabilitación y sanciones económicas fuertes, de las que no “puedan escapar”.
“Eso desalienta por cómo encuentran huecos para escapar de las sanciones”; mientras que quienes integren el Registro Nacional de Agresores de periodistas y defensores de derechos humanos, también se les impida el acceso a un cargo de elección popular.
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afcl
