Cancún.- Por diversas violaciones a derechos humanos, habitantes de Tulum, entre quienes figuran personas con discapacidad, promovieron 10 amparos colectivos en contra del acuerdo que contiene el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y de Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS), publicado en el Periódico Oficial de Quintana Roo el pasado 31 de marzo.
Las demandas fueron presentadas ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito, el 22 de marzo, Día Internacional de la Tierra, por distintos agravios, entre ellos, probables violaciones al derecho de audiencia, participación ciudadana, al debido proceso y a desarrollarse en un medio ambiente sano; por violentar el principio de legalidad e incluso por discriminar a personas con discapacidad.
El abogado especializado en materia urbano-ambiental, Alfonso Ocampo, quien elaboró las demandas, conjuntamente con el urbanista, Carlos Veloz, informó que la decena de amparos fue admitida ayer y consta de 200 hojas cada uno, haciendo valer distintos agravios e incluyendo diversas evidencias.
El entrevistado indicó que las personas con discapacidad presentaron un amparo especial en contra del PMOTEDUS, al considerar que violenta convenios internacionales que exige que en la planeación urbana deben ser consideradas sus necesidades y observaciones, a través de la realización de talleres y consultas.
Esta exigencia la hizo valer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fijados al resolver una controversia constitucional promovida contra algunos artículos de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos -bautizada localmente como “Ley Casitas”- comentó.
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Ocampo señaló que, no obstante, en los Juzgados de Distrito radicados en Quintana Roo han pretendido darle un mismo trato al amparo promovido por las personas con discapacidad, que a las otras nueve demandas presentadas, cuando hay agravios coincidentes, pero otros distintos, lo cual replanteará.
El también asesor en materia urbana y ambiental, explicó que para la formulación y elaboración del PMOTEDUS no se cumplieron diferentes formalidades legales, como la existencia de un diagnóstico y una caracterización de las riquezas ambientales, su estado, ubicación, dimensiones, calidad y cantidad. Y de existir, no se ven reflejados.
Tampoco se convocó ampliamente a talleres, reuniones públicas y consultas para garantizar la participación social genuina, toda vez que “sí avisaron a unos cuantos”. La instancia encargada de ello era el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial Ecológico y Urbano, que incumplió esa medida.
Otros agravios hechos valer en los amparos fueron la violación de la figura de PMOTEDUS a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la invasión a competencias federales e incluso estatales, por parte del instrumento híbrido.
Además, con el nacimiento del nuevo Programa, existen dos instrumentos vigentes abarcando mismas zonas, con parámetros urbanos y ambientales contradictorios, pues el Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún Tulum (POET), vigente desde 2001, sigue vigente en la costa de Tulum y de Solidaridad.
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“Esto aumenta aún más la incertidumbre jurídica para los inversionistas y desarrolladores. ¿A qué instrumento le haces caso?, sin mencionar que uno dice una cosa y el otro, otra”, expresó.
Se violenta también el principio de legalidad, toda vez que las Unidades de Gestión Territorial (UGT) incumplen los principios básicos de proporcionalidad, al sobrepasar por mucho la densidad que puede aplicarse; además, todo prácticamente se vuelve desarrollable, pues desaparecieron las políticas de conservación y protección y se confunde la definición de la política de preservación.
“Otra cosa que decimos es que en las Estrategias no se consideraron proyectos que sabemos que el gobierno federal tiene contemplados, como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional de Tulum y se violenta el acuerdo que el ayuntamiento firmó el 20 de diciembre, atestiguado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, respecto a los Ordenamientos Territoriales”, ahondó.
Agregó que toda la información sobre los ríos subterráneos, vestigios arqueológicos, restos paleontológicos, estudios marinos y demás evidencias de altísima relevancia sobre las riquezas naturales e históricas de la zona, no figuran en el PMOTEDUS, lo cual se hizo saber a los juzgados.
“Ni siquiera fueron para tomar en cuenta la Falla de Holbox, que es una falla geológica y representa la zona de mayor reserva de agua y recarga del acuifero. Y no solo no la tomaron en cuenta, ¿eh?, sino que además ¡la densificaron!”, reprochó.
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