Cuernavaca, Mor.- La extorsión que pesa contra productores, transportistas y alzadores de caña de azúcar no es nueva. Desde hace seis años las tres asociaciones civiles de productores pagan en conjunto 3.5 millones para trabajar la zafra que comienza en noviembre y concluye en julio.
Sin embargo la crisis detonó porque la delincuencia ahora exige pagos de 20 mil pesos por cada transportista, sumando alrededor de 130 camiones. También piden pagos a los propietarios de las alzadoras, las máquinas que levantan la caña de azúcar en los campos y la apilan en los camiones.
El jueves de la semana pasada productores, camioneros y alzadores acordaron los pagos adicionales, pero uno de los líderes abandonó la reunión y eso habría molestado a la delincuencia. La madrugada del viernes fue baleada la casa de unos de los presidentes de las asociaciones y ayer mataron al coordinador de los transportistas.
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El temor de cañeros, camioneros y alzadores es fundado porque “la delincuencia tiene el padrón de productores, cañeros, alzadores; saben donde viven y cuánto ganan. Estamos atados de manos y no recibimos ayuda del propietario del ingenio Grupo Beta San Miguel y tampoco de las autoridades”, contó uno de los productores,
Esta espiral de violencia e inseguridad, advirtió Lucía Meza, candidata a la gubernatura por el Frente Opositor, pone en alto riesgo a los productores que están en proceso del corte y traslado de la vara dulce al ingenio de Casasano, pues sufrirían pérdidas económicas por más de 273 millones de pesos.
En estos momentos la zafra se encuentra en un 60% de la molienda de la vara dulce, por lo que, de seguir con las actuales condiciones de inseguridad, se corre el riesgo de que se dejen de procesar 288 mil toneladas de caña, y de obtener una producción de 39 mil toneladas de azúcar, afirmó.
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