Zacatecas.— La producción de orégano ha generado un conflicto agrario entre grupos de indígenas tepehuanos de Durango contra más de 300 ejidatarios y pequeños propietarios de Valparaíso, en Zacatecas.
El problema inició hace nueve meses con invasiones territoriales, mismas que apenas este fin de semana fueron liberadas, pero las confrontaciones podrían volver a detonar con el arranque de la cosecha.
La reciente retirada de los grupos indígenas se logró luego de un acuerdo con las dos partes, gestionadas por ambos estados y las autoridades agrarias federales, las cuales se comprometieron a realizar una revisión de la situación jurídica de las tierras, no sólo en los límites de Durango y Zacatecas, sino también en las zonas serranas colindantes con Jalisco y Nayarit, donde también tienen presencia comunidades indígenas que reclaman posesiones de tierras a ejidatarios y comuneros de esas zonas.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal zacatecano Francisco Murillo Ruiseco señala que este conflicto agrario tiene lugar en una zona donde también hay presencia del crimen organizado (Mezquital, Durango-Valparaíso, Zacatecas), lo que complica aún más las cosas.
Confirma que en la fiscalía hay una treintena de denuncias penales por los delitos de robo de orégano, despojo, daños en propiedad y abigeato por habitantes de Valparaíso, pero señala que la mejor solución debe ser por la vía pacífica y a través del diálogo, y prefiere esperar a que se cumplan los acuerdos entre las partes en conflicto, en conjunto con las autoridades agrarias y gubernamentales de las dos entidades.
Aclara que para enviar a su personal a una investigación se requiere el despliegue de un fuerte operativo, con el acompañamiento de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de las fuerzas estatales, debido a que es una zona serrana y de difícil acceso, por ser regiones donde operan grupos delictivos.
Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, dice que “durante el fin de semana fueron retirados todos los campamentos tepehuanos”, pero también recibió la postura de la autoridad municipal de Valparaíso, donde de alguna manera los ejidatarios y pequeños propietarios han advertido que “no volverán a permitir invasiones”.
Reconoce que la retirada es un gran avance, pero señala que, ahora, está en manos del gobierno federal dar celeridad al arranque de las mesas de trabajo, en las que se revisarán las demandas tepehuanas para establecer la situación jurídica de las tierras reclamadas, ya que no sólo se verificarán las superficies colindantes con Durango, sino que se ampliará a los límites con Nayarit y Jalisco, donde también hay comunidades indígenas.
Debido a que el conflicto agrario no se ha resuelto en su totalidad, se prevé que este lunes sea uno de los temas en la agenda de seguridad que abordarán en una reunión entre los gobiernos de Zacatecas y Durango.
Inicio del conflicto agrario
El alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos, comenta que las incursiones temporales de la comunidad tepehuana a su pueblo comenzaron hace siete años en los meses de septiembre a noviembre, porque es la temporada de cosecha del orégano.
Explica que el problema se agudizó en septiembre del año pasado, tras la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al Mezquital, Durango, donde presentó el Plan de Justicia para el pueblo O’dam.
En esa ocasión, representantes de la comunidad tepehuana le plantearon al Presidente “su anhelo antiguo de recuperar 35 mil hectáreas que presuntamente no les fueron restituidas en 1705”.
Eleuterio Ramos considera que quizá hubo una malinterpretación del pueblo indígena porque en esa ocasión el Mandatario federal ordenó que se iniciara con el proceso de investigación, pero luego vino la invasión. Inicialmente los tepehuanos ocuparon 5 mil hectáreas, pero lograron el control 12 mil hectáreas.
El alcalde señala que se avecina la próxima cosecha de orégano y podrían estallar connatos de violencia, ya que los ejidatarios sobreviven de su comercialización y esa zona es una de las más productivas, ya que se obtienen hasta 300 toneladas: “Hay familias que llegan a cosechar hasta 20 toneladas y el año pasado fue bueno, ya que se llegó a pagar a 25 mil pesos la tonelada”, dice.
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Además, la superficie invadida también es terreno de pastoreo que se usa para los hatos ganaderos y “son vitales para los pobladores” por la carestía de alimento que ha provocado la sequía.
El pasado 7 de junio se realizó una reunión en Durango a la cual acudieron autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), instancias agrarias y una delegación de 50 líderes tepehuanes, en la cual se acordó liberar los territorios ocupados. Ahora, autoridades estatales señalan que la responsabilidad cae en el comité técnico para demostrar a quién legalmente pertenecen esas tierras.