La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) informó que abrió una carpeta de investigación por el homicidio del juez Abelardo Ibarra Torres y la agente del Ministerio Público Érika Granados, ocurrido en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Las dos víctimas trabajaban en los casos de la ciudadana española Pilar Garrido, hallada muerta en marzo de 2017, y del presunto integrante del Cártel del Golfo, Juan Alfonso “N”, El Gafe.
La PGJT ofreció una recompensa de hasta 2 millones de pesos a quien proporcione información exacta, veraz y útil que coadyuve para la localización del o los responsables del doble homicidio.
Ambos funcionarios fueron rafagueados el pasado lunes, unos 15 minutos después de que habían salido de las instalaciones del Centro Integral de Justicia en Ciudad Victoria.
El caso Pilar Garrido. Este martes, desde las 7:00 horas estaba prevista una audiencia en videoconferencia, desde la Sala B del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y una Fiscalía en España, relacionadas con el caso de Pilar Garrido, misma que tuvo que ser pospuesta para el 9 de enero de 2019.
El 2 de julio de 2017, Pilar Garrido desapareció en una carretera del estado de Tamaulipas. De acuerdo con la versión del marido, fue secuestrada por dos hombres armados cuando viajaban en un coche junto con su hijo de un año. Al día siguiente presentó la denuncia por escrito.
Unos 15 días después, la policía estatal refuerza todas las líneas de investigación para indagar el paradero de Garrido y despliega seis operativos de búsqueda. A fines de ese mes, la principal línea de investigación se basaba en la versión del marido.
El 26 de julio fueron hallados restos óseos y jirones de ropa y cabello en un paraje cercano al lugar de la desaparición de Garrido.
Para el 11 de agosto, las pruebas de ADN confirman que es la osamenta de la mujer. El Ministerio de Exteriores de España confirma también la muerte.
El 29 de agosto fue detenido el esposo de Pilar Garrido, Jorge Fernández, como probable responsable del asesinato por estrangulamiento de la mujer.
Él niega haber cometido el crimen, pero un juez le impone dos años de prisión preventiva. La familia de Fernández y de Garrido defienden su inocencia.