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Chilpancingo.— Neil Arias Vitinio es abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. Atiende cotidianamente a niñas, adolescentes y mujeres que sufren las diversas violencias a las que son sometidas en ea región: los matrimonios forzados, el machismo, las violaciones sexuales y la más extrema: el feminicidio.
Arias Vitinio ha acompañado varios casos de niñas y adolescentes que fueron violadas y que intentaron interrumpir el embarazo, pero se toparon con las carencias de los hospitales, la negligencia en el Ministerio Público (MP) y la impunidad.
“Las autoridades de salud y los ministerios públicos no están a la altura para atender este tipo de casos y lo único que pasa con eso es que se pone en riesgo la vida de estas niñas”, dice Arias Vitinio.
Uno de los casos que ha documentado la abogada fue en 2020 en un pueblo de Acatepec. Una niña de 12 años fue violada por un hombre de 42 años. La familia se enteró hasta que el embarazo fue evidente: tenía cinco meses. Su agresor la tenía amenazada, le advirtió que si decía algo mataría a su mamá y a su papá. La menor guardó silencio hasta que su vientre se lo permitió.
A este hombre, quien era un funcionario público municipal, la familia lo denunció penalmente por la violación. De ese caso no ha pasado nada, el agresor está libre y la niña, ahora de 14 años, es madre soltera.
“A la familia se le informó sobre la interrupción del embarazo, pero no quisieron, nos dijeron que no podrían hacerlo por sus creencias: “Somos pobres, pero podremos sacarla adelante” dijeron.
Arias Vitinio ha sido testigo directa de la resistencia que existe también en los MP.
Hace unos tres años acompañó a dos jóvenes a presentar la denuncia por violación y la autorización para la interrupción del embarazo, la cual tardó en otorgarse de uno a dos meses.
En Guerrero se han declarado dos alertas de violencia de género, la segunda por agravio comparado, que ordena legislar para homologar la Norma 046 con el Código Penal para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual que accedan a la interrupción del embarazo sin interponer una denuncia penal y menos tener la autorización de un Ministerio Público.
Hace un mes, en el Congreso local, diputadas de Morena presentaron una iniciativa para despenalizar el aborto, la tercera en la última década.
