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Monterrey.- Las dirigencias estatales del PRI, PAN y PRD, así como los grupos legislativos de los dos primeros partidos políticos (el Sol Azteca no tiene diputados locales), expresaron su “total disposición” de atender el llamado que organismos empresariales y organizaciones de la sociedad hicieron al gobierno estatal y a dichas fuerzas políticas para avanzar en la gobernabilidad y el respeto al estado de derecho.
La convocatoria al diálogo que hizo el sector privado se dio ante la confrontación que han sostenido los mencionados partidos y el gobernador Samuel García, la cual se recrudeció en últimas fechas por la designación de un gobernador interino, a raíz de la licencia que pidió Samuel García para separarse del cargo y dedicarse a su precampaña y campaña por la Presidencia de la República.
Como se ha informado, García Sepúlveda se separó de la gubernatura ayer lunes y dejó como encargado de despacho al secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, desde el 20 de noviembre al 18 de enero de 2024, situación que anticipa una nueva confrontación que podría escalar a niveles de mayor belicosidad entre las partes, ya que por resolución de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la designación del gobernador interino, Arturo Salinas es improcedente -como demandó el gobierno estatal-; pero corresponde al Congreso elegir a un nuevo gobernador interino, para que ocupe la gubernatura del dos de diciembre de 2023 al dos de junio de 2024.
Sin embargo, el 1, 2 del gobierno estatal advirtieron que se podría blindar con elementos de Fuerza Civil el Palacio de Gobierno, para impedir que el dos de diciembre ingrese al despacho del Ejecutivo el nuevo gobernador interino, si es que se trata de alguien que no milita en Movimiento Ciudadano, o no es aceptado por Samuel García y su equipo. Y Navarro promovió un amparo a fin de que no intervengan para impedir su ingreso al despacho, la Agencia Estatal de Investigaciones, ni las policías municipales de gobiernos priistas o panistas de la zona metropolitana.
En ese contexto, y mientras el Congreso analiza perfiles de personalidades que llenarían los requisitos que exige la ley, las cámaras empresariales Caintra, Coparmex, Canaco, Cámara de Propietarios de Bienes Raíces, Index (Industrias de Exportación) y el Consejo Cívico exigieron a los representantes electos de Nuevo León (gobernador, diputados y alcaldes), “no escalar el conflicto político-partidista que arriesga la vida social, económica y política de nuestro estado”.
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Expusieron que los acontecimientos de los últimos meses han impactado negativamente en la vida pública del estado y sus municipios, poniendo en riesgo la estabilidad y gobernabilidad, al no respetarse la división de Poderes ni la autonomía de las instituciones.
Añadieron que los representantes de los tres poderes deben ser ejemplo de apego y cumplimento a la ley, ante lo cual los exhortaron a privilegiar el estado de derecho por encima de cualquier consideración, y a respetar los derechos de todos los nuevoleoneses.
“Dejemos a un lado las amenazas y los insultos para buscar los acuerdos y la reconciliación”, en tal sentido solicitaron al Gobierno del Estado “respete lo establecido por nuestra Constitución en la que se establece que es nuestro Congreso quién designe al Gobernador Interino mientras dure la licencia otorgada. Sin embargo, también pedimos al Congreso que quien designe sea una persona que procure el diálogo y la conciliación”.
Los organismos privados concluyeron “basta de poner en riesgo lo que tanto trabajo nos ha costado construir, Nuevo León merece comportamientos de mayor altura, acorde a la responsabilidad que como sociedad les hemos encomendado”.
El domingo, en su mensaje de agradecimiento a los nuevoleoneses previo a dejar temporalmente el despacho para iniciar su precampaña, Samuel García instruyó al secretario de Gobierno, Javier Navarro, a buscar un acuerdo con diputados y alcaldes del PAN y el PRI, para que sea electo un gobernador interino, que deje satisfechas a las dos partes en conflicto.
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En tanto, las dirigencias estatales del PRI, PAN y PRD coaligados en el Frente Amplio por México expresaron su total disposición y voluntad para atender el llamado de organismos empresariales y organizaciones de la sociedad para buscar la gobernabilidad y avanzar en el respeto al estado de derecho.
Pero asentaron, “antes del Gobierno de Samuel García, Nuevo León nunca había atravesado una crisis de ingobernabilidad como la que hoy vivimos y lo cierto es que, si bien siempre han existido puntos de vista e ideas contrastantes entre los partidos y actores políticos, también siempre se había logrado un diálogo constructivo que durante décadas permitió construir el estado líder, vanguardista e industrial que hoy disfrutamos y del que nos sentimos orgullosos”.
Añadieron que el liderazgo de Nuevo León se logró durante gobiernos del PRI, del PAN y del PRD (éste nunca ha ostentado la gubernatura) conciliando diferencias, encontrando coincidencias, y siempre, absolutamente siempre, respetando la ley.
Asimismo, afirmaron que sus diputadas y diputados en el Congreso han actuado en estricto apego a la ley, “porque estamos convencidos de que nadie puede estar por encima de ellas, sin embargo, no ha sido el caso del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Samuel García; lamentablemente y en perjuicio de Nuevo León, las autoridades estatales sistemáticamente han infringido la Constitución Local y la ley.
Citaron como ejemplos que se ha omitido arbitrariamente la publicación en el Periódico Oficial del Estado de más de 200 decretos y acuerdos aprobados por el Congreso; y se han vetado decretos o acuerdos en materias en las que la Constitución Local lo prohíbe.
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Además, mencionaron, Samuel García trata de imponer al Secretario General de Gobierno como encargado del despacho, en desacato a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya determinaron que el Congreso del Estado es el único facultado para nombrar a un Gobernador Interino.
Comentaron asimismo que la tesorería estatal ha congelado cuentas de municipios gobernados por el PRI y el PAN, así como cuentas personales de legisladores y actores políticos de estos partidos, utilizando para ello procedimientos ilegales que violan el debido proceso.
Y citaron que el gobernador y el Secretario de Gobierno, además de otros funcionarios han inventado actos para ampararse en Reynosa, Tamaulipas y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mientras que a través de las secretarías de Medio Ambiente, del Trabajo, de Salud, la Tesorería Estatal, Protección Civil y Agua y Drenaje “se han realizado más de 350 actos de molestia como clausuras, suspensiones, inspecciones, colocación de reductores de agua, hechos dirigidos a personas vinculadas a la oposición “para amedrentar e intentar someter voluntad al partido del Gobernador”.
También, señalaron, el gobierno estatal ha retenido la entrega de recursos presupuestales a municipios gobernados por el PRI y el PAN, a pesar de existir determinaciones judiciales que ordenan entregarlo, situación que ha retrasado obras públicas y proyectos de seguridad.
No obstante “esta serie de ilegalidades”, señalaron su disposición de acudir a cualquier llamado que tenga la finalidad de generar un ambiente de gobernabilidad para el estado.
afcl
