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Cancún.- Los primeros amparos en contra de la devastación de árboles, como parte de los trabajos vinculados con el desarrollo del Tramo 5 del Tren Maya, de Cancún a Tulum , fueron presentados esta mañana ante Juzgados federales.
Uno de estos amparos fue presentado por tres espeleobuzos radicados en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, con el acompañamiento de la asociación civil Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente (DMAS).
La demanda fue radicada en el Juzgado Noveno de Distrito y se promovió en contra de los trabajos preparatorios que implicaron la tala de selva mediana para abrir un kilométrico camino con una anchura de 50 a 60 metros de ancho, atrás del fraccionamiento Real Marsella, a finales de febrero de este año, sin que medien las autorizaciones en materia de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
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La tala de selva se realizó, además, sin haber presentado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y del Estudio Técnico Justificativo (ETJ) correspondientes, para la evaluación del proyecto, como lo establecen la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley Forestal, como parte del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA).
Otro de los actos reclamados va contra los permisos que pudieran existir y la omisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para frenar, clausurar y sancionar la ilegal devastación de la selva, no autorizada a nivel federal.
Esto incluye la falta de garantía de la participación pública en asuntos ambientales, ante el impacto que las obras del mega proyecto tendrá en los 103.6 kilómetros que abarca el Tramo 5, afectando a la Selva maya, hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción, así como el probable daño irreversible a la mayor red de ríos subterráneos en el mundo y al sistema de cuevas del Caribe mexicano.
También se impugnan los decretos expropiatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), el 17 de enero y el 18 de febrero, sobre terrenos ubicados en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, dentro del Tramo 5.
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DMAS, una asociación con sede en Cancún, que surgió a partir del emblemático caso de Malecón Tajamar, en esta ciudad, explicó a EL UNIVERSAL que las autoridades señaladas en el amparo son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Sedatu, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Fonatur-Tren Maya y Profepa.
En la exposición de motivos de la demanda, consultada por este diario, se argumenta que los promoventes son buzos profesionales que exploran cenotes, cavernas acuáticas y ríos subterráneos ubicados en Playa del Carmen y Tulum, desde hace más de una década; y que el impacto directo derivado de obras que ponen en riesgo esos ecosistemas de alto valor ambiental, histórico, cultural y social, violenta sus derechos humanos.
“Siendo buzos de cavernas desde hace más de 10 años en la zona, conocemos como principales beneficiarios de los servicios ambientales del acuífero subterráneo, sus cenotes, cuevas y ríos y como testigos de su grandeza nos consideramos privilegiados y sobre todo, obligados a defender ese ecosistema subterráneo que existe debajo de la zona por donde se prevén los trabajos y obras relacionadas con ese Tramo 5 del proyecto Tren Maya”, se lee.
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Entre los principales riesgos que conlleva el mega proyecto, se encuentra la vulnerabilidad del suelo kárstico, característico en la Península de Yucatán , compuesto por roca caliza, que es altamente poroso, posee alta permeabilidad y es susceptible a desplomes.
Otro de los amparos, también presentado hoy por ciudadanos radicados en Playa del Carmen, con el acompañamiento de la organización ambientalista, Moce Yax Cuxtal, demanda que recayó en el Juzgado Segundo de Distrito.
En entrevista, Laura Patiño, de dicha organización, manifestó que entre los actos reclamados en esa demanda, se encuentran que el nuevo trazo para el Tramo 5, carece de estudios, entre ellos, topográficos, hidrológicos y de viabilidad; no cuenta con una MIA, ni un ETJ; tampoco ha sido evaluado, ni autorizado por la Semarnat.
La activista recordó que el 7 de marzo interpusieron denuncias ante la Profepa por el inicio de trabajos que implicaron la devastación de selva, pero la dependencia, en lugar de acudir a inspeccionar y clausurar –como correspondía legalmente– les respondió días después que habían turnado las denuncias a oficinas centrales, en la Ciudad de México, incurriendo en un acto de omisión.
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afcl/acmr
