Cuernavaca.- María del Carmen Verónica Cuevas López se convirtió en la primera magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia ( TSJ ) de Morelos en ser objeto de una solicitud de juicio político, por las causales de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, impunidad, supuestos actos de corrupción, nepotismo, acosó laboral, usurpación de sus funciones del extinto consejo de la judicatura local, así como violación a los derechos humanos y laborales de jubilados y pensionados de la mismo órgano.
El doctor en Derecho, Leonel Díaz Rogel , acudió al Congreso de Morelos para presentar la denuncia de juicio político y afirmó que la magistrada también incumplió con lo estipulado en el Decreto 2611 publicado del 4 de abril de 2018 que crea la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial , ente facultado para ejercer las funciones del extinto Consejo de la Judicatura local, porque hasta la fecha ha sido omisa para convocar a sesión del Pleno del TSJ para definir la conformación de dicho ente.
Díaz Rogel sostuvo que su petición de juicio político reúne 57 pruebas con 28 anexos que detallan las anomalías cometidas por Cuevas López , designada en el mandato del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu (2012-2018).
“Estas pruebas que presento me parecen suficientes e idóneas para acreditar en un primer momento la responsabilidad política de dicha funcionaria; se estima en la denuncia que existen siete causales en la responsabilidad política, las cuales son por violaciones a la constitución política del estado que trajo como consecuencia graves daños que generó trastornos graves en contra del Poder Judicial”, dijo Díaz Rogel.
En la petición de juicio político también se acusa que Cuevas López decidió de manera unilateral no acatar lo que disponen lo artículos 40 y 131 de la Constitución Política del Estado, relativo al pago de pensiones por jubilación, cesantía por edad avanzada viudez u orfandad, en favor de trabajadores en retiro del Poder Judicial del Estado , ordenados mediante decretos del Congreso morelense.
Por el contrario, dice Díaz Rogel en su petición de juicio político, la magistrada impugnó el decreto mediante controversias, pero el pasado 4 de marzo la Corte en pleno calificó al Poder Judicial de tener una conducta terca, poniendo no sólo en riesgo de ser destituidos a sus compañeros magistrados, sino al Poder Legislativo y al gobernador porque de ésta ultima oportunidad que da la Corte, de no cumplir, podrían ser destituidos y consignados ante un juez federal por abuso de autoridad.
El abogado enumeró siete causales prominentes en esta solicitud de juicio político, entre ellas usurpación de funciones, violaciones graves en contra de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, así como la desatención que ha realizado entre ellos , las funciones que han realizado por parte de la falta de nombramiento de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial .