Cancún.- Una iniciativa de ley que busca penalizar a los hombres que consientan un aborto, añadir una quinta causal para permitirlo y otra iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo en Quintana Roo , a través de reformas a la Constitución local, el Código Penal y la Ley de Salud, fueron presentadas este miércoles en el pleno del Congreso del estado.
Al mismo tiempo, en la Oficialía de Partes se recibió otra iniciativa promovida por diversas organizaciones encabezadas por la “Alianza por el Derecho a la Vida”, para crear un Instituto de la Familia.
La primer propuesta a que se dio lectura durante la sesión de este miércoles, fue la impulsada por la diputada Sonia López Cardiel, quien plantea modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud estatales, para la realización del aborto “no punible” de manera gratuita, de calidad y sin discriminación en favor de las personas que así lo soliciten.
“En palabras más concretas, queremos proponer el reconocimiento legal y la realización del aborto, con carácter de no punible, como un servicio público de salud que debe otorgarse de forma humana, gratuita, de calidad y sin discriminación", dijo.
En tribuna, la también presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, señaló que se busca incluir dentro del Código Penal la definición de “aborto no punible”, como aquel que se deba realizar por las cuatro causales que ya permite dicho instrumento legal, practicado por un ginecobstetra y en un hospital de salud pública.
Al mismo tiempo, la reforma propone penalizar no sólo a la mujer, sino también al hombre, cuando ambos consientan el aborto fuera de las cuatro causales que permiten interrumpir legalmente el embarazo en la entidad: En caso de violación, si la vida de la madre está en riesgo, si el producto presenta problemas congénitos o si es un aborto accidental.
“En mi opinión, el castigo debe ser para ambos, de existir su consentimiento. Modificando el artículo 94 se pretende que quien haga abortar a una mujer con violencia, no tenga la oportunidad de que su pena sea conmutada y propongo como pena mínima, seis años, la misma que proponemos para quien realice, intervenga o participe en un aborto no siendo ginecobstetra”, indicó.
Además, propone añadir una quinta causal para abortar legalmente, la cual se refiere a la insuficiencia económica justificada y grave, debidamente comprobada, que impida a la madre seguir con el embarazo. Esto evitará -dijo- infantes en situación de calle, pobreza extrema o explotados laboralmente, sin educación y sin condiciones dignas de vivir.
“No queremos abrir una puerta para que cualquiera, manifestando encontrarse en pobreza, pueda aprobar, por lo que se propone también que quien se haya sometido al aborto una vez, por este motivo, y quiera hacerlo de nueva cuenta, se aplique un método anticonceptivo definitivo”, añadió.
En abril de 2009, la entonces diputada local y actual presidenta de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, promovió la reforma al artículo 13 de la Constitución, para establecer que en la entidad se reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la concepción, modificación que fue bautizada coloquialmente como la “Ley Piña”.
Una década después, acogiéndose a la Ley de Participación Ciudadana del estado, aprobada el año pasado, las ciudadanas Yunitzilim Rodríguez Pedraza, Erika Edith López Lara, Sandra María Guadalupe Cortés González, Ariadne Song Anguas y Yesenia Flota Pérez, presentaron una iniciativa de ley para modificar ese artículo 13 de la Constitución, así como derogar el artículo 96 y reformar los artículos 92, 93 y 97 del Código Penal estatal.
Ello incluye adicionar un capítulo sexto TER, sobre la interrupción legal del embarazo a la Ley de Salud.
Al dar lectura a la iniciativa ciudadana, se indicó que versa sobre los derechos reproductivos de las mujeres y tiene el objetivo de permitir el acceso a la interrupción del embarazo de manera legal y segura, es decir, busca despenalizar el aborto de acuerdo con parámetros internacionales.
Se indicó que en México se tiene el registro de 29 mil 822 fallecimientos de mujeres por muerte materna. De 1990 a 2013, dos mil 186 de esas muertes fueron causadas por abortos inseguros, lo cual quiere decir que 7.3% de las muertes maternas fueron por abortos mal practicados o clandestinos.
“El Observatorio de Mortalidad Materna en México señala que sólo en 2013, las muertes de mujeres, relacionadas con abortos, representan el 8.9 del total de muertes maternas”, se prosiguió.
Quintana Roo ocupa el lugar 15 a nivel nacional en interrupción legal del embarazo (ILE); en 2017, el estado ocupó el sitio 16.
“Las mujeres de Quintana Roo acuden a la Ciudad de México, en donde el aborto está regulado; en el 2017, el estado lideró a la Península de Yucatán en ILEs, con 90 mujeres que acudieron a la capital del país para hacer uso de ese derecho, seguidas por mujeres de Yucatán y Campeche”, se informó.
Se mencionó que el 22 de abril de 2016, derivado de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), la Conavim estableció 11 recomendaciones a cumplir, entre ellas, incorporar la Perspectiva de Género transversalmente y enfoque de Derechos Humanos en delitos contra la libertad sexual.
El siete de abril del 2017, el entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, entregó al pleno de la XV Legislatura, una iniciativa de decreto para reformar, derogar y adicionar normativas del Código Penal, a favor de las mujeres, entre éstas, derogar los artículos 93 y 96 sobre la sanción del aborto y la modificación del artículo 94 y 97 que propone despenalizar el aborto. Esta iniciativa sigue, desde entonces, está congelada, pues no ha sido discutida.
afcl