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Cancún.- El gobierno municipal de Lázaro Cárdenas promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional en contra del decreto que declaró Área Natural Protegida , el 5 de junio de 1994, el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, que abarca a isla de Holbox, en la zona norte de Quintana Roo.
El recurso va también en contra del Programa de Manejo de Yum Balam, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cinco de octubre de 2018.
La controversia fue presentada el 22 de noviembre pasado por Rosario Leticia Dzib Mazum, síndico del ayuntamiento presidido por Nivardo Mena, y admitida por el Máximo Tribunal del país el 23 de ese mismo mes, siéndole asignado el número de expediente 212/ 2018.
Como actores demandados aparecen el gobierno federal y el Congreso de la Unión, mas no la Semarnat, ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), al estar subordinadas al Poder Ejecutivo.
De este modo, el gobierno municipal de Lázaro Cárdenas cedió a la presión de empresarios, ejidatarios y pescadores, así como de aquellos integrantes del Consejo Asesor del Área Natural Protegida de Yum Balam, que reprocharon la publicación del Programa de Manejo, el cual sólo permite instalar 800 palafitos en el mar, en la zona conocida como “Isla Grande”, en Holbox y una densidad cero para Chiquilá, zona continental de aquella isla.
“Estamos buscando que nos devuelvan las 22 mil hectáreas que tienen tomadas. No respetaron; dos años en una mesa de diálogo que no se respetó, no cumplieron, así que vamos por la devolución de la tierra; el área natural protegida y la Conanp, perdieron credibilidad”, indicó el biólogo Rubén Presuel, asesor técnico del Ejido de Chiquilá, en la zona continental de Holbox, quien consideró que con el Plan de Manejo prácticamente se está expropiando la tierra.
El 15 de octubre pasado, los inconformes anunciaron la intención de ampararse en contra del decreto del ANP y de su Programa de Manejo que, entre otras cosas, establece un polígono de recuperación denominado “Subzona La Ensenada”, que fue incendiado a propósito en 2016, que supuestamente debió ser declarado en veda por 20 años.
El instrumento rector también prohíbe el uso de drones -excepto para investigación científica-, de bolsas y todo tipo de plástico, además de popotes. Tampoco se pueden fundar nuevos centro de población, modificar las condiciones naturales de los acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces naturales de corrientes, manantiales, riveras, por ejemplo.
Tampoco permite desechar, abandonar, arrojar, descargar, disponer, enterrar o verter residuos de cualquier tipo de material, envases, bolsas, plásticos, utensilios o cualquier elemento contaminante en la zona.
La inconformidad en contra del Plan de Manejo surgió debido a que en opinión de desarrolladores, ejidatarios, comunidades pesqueras y autoridades municipales de la pasada administración, la Conanp y la Semarnat no tomaron en cuenta la opinión de la empresa Stantec.
La compañía fue contratada en mayo del 2018 y recibió 11 millones de pesos, para fungir como “tercería”, ante las posiciones irreconciliables, entre quienes persisten en desarrollar y la academia, ambientalistas y autoridades federales y estatales, que rechazaron la propuesta.
En agosto pasado, la empresa canadiense sugirió una densidad de casi 22 mil cuartos, de los cuales, nueve mil se podrían construir en Isla Grande en 30 años y el resto en Chiquilá, lo cual no se incluyó en el Programa de Manejo.
afcl
