Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El Centro de Derechos Humanos Ku´untik interpuso dos amparos contra el gobierno estatal y el ayuntamiento de Zinacantán, por violaciones a derechos fundamentales de 15 tzotziles desplazados, integrantes de una familia adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se encuentran fuera del terruño desde hace tres años y exigen retorno digno, seguro y garantizado, reparación de daños y ayuda humanitaria.
Yazmín Pinto Ruíz abogada de Ku´untik informó que los amparos fueron presentados en los Juzgados de Distrito en Tuxtla Gutiérrez por violaciones a los derechos humanos de la familia Pérez Pérez, integrada por 15 personas, entre ellas, menores de edad desplazados del paraje Shulvó, en Zinacantán, el 11 de diciembre de 2015.
El primer amparo es contra el gobernador Manuel Velasco Coello, el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento , que preside el secretario general de Gobierno Mario Carlos Culebro Velasco, también contra el ayuntamiento de Zinacantán, que encabeza Manuel Martínez Jiménez.
La demanda se fundamenta en omisiones y negligencias en las que esas autoridades han incurrido al no prevenir, proteger, ni garantizar los derechos humanos de los integrantes de esa familia, que continúan en situación de desplazamiento interno, y a quienes se les ha vulnerado el derecho constitucional a la circulación y residencia.
Así como al uso y disfrute de la propiedad privada, a la seguridad ciudadana, a la vivienda digna y decorosa, así como el derecho a la alimentación, a la salud, a la manifestación de ideas, de reunión y asociación.
Pinto Ruíz relató que el 9 de diciembre de 2015, unos 40 pobladores de Shulvó, encabezados por autoridades comunitarias llegaron a la vivienda de Juan Pérez Pérez, con piedras y palos; los corrieron del lugar por “ser adherentes al municipio autónomo Vicente Guerrero y simpatizantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona".
“Los hijos, las nueras y los nietos tuvieron que huir esa misma noche, Juan y su esposa, Pascuala , permanecieron escondidos dos días más hasta que personal de la Fiscalía Indígena de San Cristóbal de las Casas, los rescató”.
De ese día a la fecha, agregó la abogada, los desplazados han buscado atención del gobierno estatal para lograr el retorno digno, seguro y garantizado, así como reparación de daños, asistencia humanitaria (alimentos, vivienda, vestido y salud) previsto en jurisprudencias de la Corte Interamericana y la ley para la prevención y atención al desplazamiento interno en el estado de Chiapas.
Pinto Ruíz acusó también de omisión a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ( CEDH) al concluir el expediente de queja de ese desplazamiento, e incluso, por discriminar a las víctimas en enero de 2018 cuando no admitió la reapertura del expediente de queja CEDH/835/2015 y “mostró maltrato a la familia”, por ello se presentó una queja en la Contraloría del organismo defensor en contra de la visitadora adjunta que conoció el caso.
El segundo amparo fue presentado contra el gobernador Velasco Coello y el secretario general de Gobierno Culebro Velasco por no instalar el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno , previsto en la ley respectiva, que fue creada en febrero de 2012, y pese a que se supo que el Consejo sesionó, no se tiene certeza jurídica de que esté concluido, y al tener esa condición “incurre en violaciones a derechos humanos de los desplazados”, puntualizó la defensora.