Más Información
Cancún.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Quintana Roo prepara una visita de inspección para verificar la situación física de la mansión construida dentro de la poligonal de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Tulum-Tankah, declarada también como Área Natural Protegida denominada Parque Nacional Tulum, cuyo decreto presidencial, vigente desde 1981, prohíbe construir en el sitio.
El delegado del Centro INAH en la entidad, Margarito Molina, adelantó que demás de la verificación física, se ha iniciado la revisión documental del caso para conocer si obra alguna solicitud o trámite, respecto a la edificación de la residencia.
“También tenemos que verificar si no hay daño al patrimonio arqueológico, independientemente de si cuenta o no con permisos; estamos revisando quién es el dueño y si existe alguna violación al decreto presidencial que declara el sitio Zona de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah ”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
De acuerdo con ese decreto, la poligonal resguarda el asentamiento prehispánico maya más importante de la región costera de Quintana Roo, durante el período posclásico tardío (1300-1550 d.C.).
En su interior existen numerosos monumentos arqueológicos, como un centro cívico ceremonial, rodeado y protegido por una muralla única en su género, así como “El Castillo”, estructura piramidal con un templo superior, cuya imagen es mundialmente conocida.
La mansión es identificada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) , como “Casa km 8”, colindante con la muralla que rodea la zona arqueológica.
Su construcción inició en noviembre de 2019, concluyó hace algunas semanas y fue denunciada por la Dirección del Parque Nacional Tulum ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y ante la Fiscalía General de la República (FGR), desde que estaba en obra negra, de acuerdo con el director del Área Natural Protegida (ANP), denominada Parque Nacional Tulum (PNT), Fernando Orozco.
El funcionario informó que el dueño asegura que cuenta con “todos los permisos en regla”, lo cual constituiría un acto ilegal, porque ninguna autoridad puede expedir permisos para el desarrollo de obras dentro de la poligonal.
La mansión, además de ubicarse al pie de la costa, colindante con la muralla que rodea la zona arqueológica, está dentro del polígono de 664.3 hectáreas decretado el 23 de abril de 1981 como Parque Nacional y dentro del polígono de 691.4 hectáreas decretado como Zona de Monumentos Arqueológicos, el ocho de diciembre de 1993, dijo.
Ambos decretos son presidenciales y están vigentes, pero sólo el que declara la zona como área natural protegida es de carácter expropiatorio, lo que significa que los terrenos dentro de la poligonal son propiedad de la nación.
Orozco indicó que, independientemente de que haya posesionarios dentro del Parque, sus títulos de propiedad “son ilegales y no idóneos, así lo estableció en su sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
Para el delegado del INAH, el tema “es un galimatías”, que incluye innumerables juicios promovidos por quienes se ostentan como propietarios dentro de la poligonal, sumado a los “grandes intereses” involucrados en la zona.
“Es algo que se tiene que solucionar. Hay decretos, títulos de propiedad, amparos, juicios, una controversia constitucional, procedimientos de Profepa, clausuras, intereses económicos, presiones políticas. Es un
galimatías.
“Nosotros estamos trabajando muy coordinadamente con las autoridades del Parque, para hacer valer los decretos y poner orden; nuestras acciones son conjuntas”, dijo Molina Rendón.
afcl
