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Monterrey.— Las bancadas de PAN y Morena acusaron ayer a legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) de pretender ponerle al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “un pase para gol”, con la propuesta de un proyecto de dictamen “amañado y a modo” desde la presidencia de la Comisión Anticorrupción, para que El Bronco eche abajo su destitución, propuesta que por lo pronto no pasó ni en comisiones.
Los coordinadores Carlos de la Fuente, del PAN, y Ramiro González, de Morena, coincidieron en que la destitución e inhabilitación por seis años de El Bronco, y la segunda sanción para Manuel González, secretario de Gobierno, violaría la suspensión que concedió la Suprema Corte al Ejecutivo estatal.
Por lo anterior, la propuesta de dictamen que presentó ayer el diputado de MC, Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la Comisión Anticorrupción, fue rechazada por el PAN, PT, Morena y la bancada Independiente Progresista; el PRI y el Nueva Alianza no fijaron postura.
Después de casi una hora y media de debate, con acusaciones cruzadas entre ambos bandos, en el sentido de que unos y otros pretendían “proteger” a El Bronco, el proyecto ni siquiera se puso a votación.
Finalmente, lo que se aprobó fue una propuesta de Asael Sepúlveda (PT) para diferir en la comisión y en el pleno, la sanción a El Bronco y Manuel González, en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el fondo de una controversia constitucional.
Al término de la sesión, Arturo Bonifacio de la Garza explicó que estarán en sesión permanente para esperar si la SCJN resuelve la controversia constitucional, a más tardar el 20 de diciembre, plazo que impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para sancionar al gobernador y al secretario de Gobierno. Mientras, su compañero de partido, Jonatán Tijerina acusó durante la sesión al resto de las bancadas de “proteger” a El Bronco escudándose en falsos argumentos.
Ramiro González, coordinador de Morena, señaló que el proyecto presentado por el presidente de la Comisión Anticorrupción señalaba que podían aprobar una sanción, pero no ejecutarla, lo cual serviría para que el gobernador impugnara por violarse sus derechos ante la suspensión de la Suprema Corte.
