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El 13 de diciembre de 2006 la vida de María Méndez, de 64 años y madre de 10 hijos, se hizo pedazos. Ese día estaba cuidando a su nieto de nueve meses en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos. Mientras realizaba labores del hogar, el niño jugaba y de repente dejó de respirar.
Los paramédicos encontraron a Emmanuel en paro cardiorrespiratorio. No vieron “ningún trauma aparente” y lo llevaron al hospital. El 20 de diciembre el pequeño murió.
Desde ese momento comenzó el viacrucis para María. El Departamento de Policía de Los Ángeles investigó un informe del hospital que indicaba que Emmanuel podría haber sufrido un “trauma en la cabeza abusivo”, provocado por sacudirlo intensamente.
La doctora Carol Berkowitz, responsable del informe, creyó que el pequeño tenía lesiones internas que sufrió una o dos horas antes de llegar al hospital; su mirada se concentró en el último adulto que estuvo con él. El 11 de julio de 2007, María fue detenida.
Una semana antes de la sentencia, el único experto de la defensa, el médico forense Frank Sheridan, testificó que la lesión en la cabeza de Emmanuel fue mínima. El abogado de María ignoró preguntar cosas fundamentales.
El 10 de octubre de 2009, con pruebas de una “tomografía computarizada”, “falsos testimonios”, como lo asegura a EL TIEMPO la abogada Megan Becca, y omitiendo evidencia, sentenciaron a María a 25 años de prisión.
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El respiro. En 2012, un nuevo abogado buscó ayuda del Proyecto Inocencia de la Universidad de Loyola, en Los Ángeles. Este programa ayuda a liberar a personas que no tienen recursos y han sido condenadas injustamente.
“Nuestra investigación descubrió evidencia nueva, que incluía tomografías y fotos de autopsias del cerebro del niño. Ahí constaba que las lesiones eran consistentes a una caída accidental que ocurrió dos días antes del accidente”, cuenta Megan Bacca, abogada de Proyecto.
Los seis juristas que trabajaron en este proceso tardaron seis años luchando para obtener la nueva evidencia. El día de la audiencia recibieron la ayuda de otros tres más.
El 18 de junio de 2018 se acabó la pesadilla. Un juez anuló la condena de María, como parte de un acuerdo de culpabilidad en el que ella no impugnó el homicidio involuntario. El 5 de julio fue puesta en libertad.
“Cuando sabían que tú estabas por un caso de niños te golpeaban. Como dos veces fui a parar al hospital por lo mismo”, cuenta María.
Después de un tiempo, trabajó en la cocina: lavaba los platos, trapeaba y organizaba las mesas. Así se le pasaba el tiempo más rápido.
De vuelta a México. Cuando María supo que había quedado libre, toda la cárcel se alegró por ella. “Un policía me dijo que recogiera mis cosas, que me iba para la casa. Todos chiflaban y me felicitaban. La maestra me subió a una silla y luego a una mesa”, recuerda.
El 7 de julio, tras 30 años fuera, la abuela de Emmanuel regresó a México; ahora vive en la casa de su hijo mayor. La recibieron con flores.
Con la voz entrecortada, la mujer asegura desde su nuevo hogar, en la isla de Cozumel, que ahora sólo quiere recuperar el tiempo que le quitó la justicia estadounidense. En su corazón no hay lugar para el rencor, no quiere demandar a las autoridades por la “equivocación”.
Por lo pronto, María no quiere regresar a Los Ángeles. Sus recuerdos la llenan de oscuridad.
“Regresar allá me da miedo; yo perdí todo al llegar allí”.