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Cancún.- El gobierno federal deberá detener la tala, desmonte, remoción o destrucción de flora en el trazo que comprende el Tramo 5 del Tren Maya, de Cancún a Tulum , luego de una nueva suspensión provisional judicial, derivada de un amparo en contra de las obras, que se han desarrollado ilegalmente, sin el cambio de uso de suelo en terrenos forestales a que obliga la Ley General Forestal.
El movimiento “Sélvame el Tren” informó lo anterior y llamó a las autoridades federales a respetar la suspensión para evitar que se continúen los trabajos en esta zona, generando mayor deforestación.
En entrevista con EL UNIVERSAL , José Urbina, espeleólogo e integrante de esa agrupación ciudadana, subrayó que está más que probado que, durante un año, el gobierno mexicano ha violentado el marco legal vigente para sacar adelante un proyecto.
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Las obras iniciaron a mitad de febrero del 2022, sin permisos y continúan sin otras autorizaciones –dijo– a costa de la destrucción de la selva, los cenotes, ríos subterráneos y sistema kárstico, sin contar con que ha puesto en grave riesgo el recurso hídrico.
“Iniciaron los trabajos hace casi un año, sin autorización de impacto ambiental; luego presentaron unas MIAS (Manifestaciones de Impacto Ambiental) raquíticas, paupérrimas; les dieron esas autorizaciones y se levantaron las suspensiones judiciales por ese tema.
“Tampoco tienen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, que es obligatorio. Y tampoco podrán tenerlo, porque como iniciaron la devastación de la selva sin esos permisos, la ley establece una veda de 20 años en la zona. No la pueden tocar y legalmente, ninguna autoridad podría expedirles ningún cambio de uso de suelo en terrenos forestales, que de todos modos, hoy, no tienen”, subrayó.
La suspensión provisional en obras del Tren Maya
Originalmente, el Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán –que concentra todos los asuntos legales relativos al megaproyecto– negó la suspensión provisional solicitada por un residente de la zona, quien promovió una demanda de amparo en diciembre del año pasado, a la cual se le asignó el número 2878/ 2022.
En su negativa, el Juzgado pretextó que las obras ya contaban con autorización en materia de impacto ambiental para desarrollarse, pasando por alto que lo demandado era un acto de carácter forestal, para el cual se requiere otro tipo de autorización.
Inconforme con el criterio del juez, Adrián Fernando Novelo, el ciudadano presentó el recurso de queja 35/ 2023, el cual se radicó ante el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.
La queja fue declarada como fundada y el Tribunal concedió la suspensión provisional el pasado 17 de enero.
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En consecuencia, estableció como procedente “modificar el auto combatido –la negativa del Juzgado Primero de Distrito– y conceder la suspensión provisional “únicamente para el efecto que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga la finalidad la continuación de tala o desmonte en los terrenos que comprende el Tramo 5 Sur y Norte del proyecto Tren Maya”.
La finalidad, se indica en la resolución consultada, es “que no se permita la remoción o destrucción de la flora del terreno en cita”, sin que ello implique detener los trabajos administrativos encaminados a los trámites de las autorizaciones respectivas o el cumplimiento de las condicionantes establecidas en las autorizaciones de las manifestaciones de impacto ambiental vigentes.
La suspensión provisional surtirá efecto en tanto se dicta o no la suspensión definitiva, “sin necesidad de dar garantía”, dado que se privilegia la protección a las especies florísticas de la zona que atravesará el Tramo 5.
De pilotes y puentes atirantados
A principios de enero, en uno de sus recorridos para verificar los avances del megaproyecto en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió públicamente que el trazo del Tramo 5 pasa sobre cenotes y cavernas con ríos subterráneos.
Apoyado de una maqueta, anunció que, como una solución para no afectar el frágil sistema kárstico, se perforará el suelo para hincar pilotes hasta 25 metros de profundidad, a fin de construir un “puente atirantado” sobre las cuevas, para “protegerlas”.
José Urbina, en coincidencia con otros espeleólogos que conocen bien el terreno, con ingenieros e hidrogeólogos y activistas que conforman “Sélvame el Tren” explicó que además de no representar una verdadera solución que proteja el sistema, ese tipo de obras tampoco está enunciada en las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) presentadas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
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Lo anterior implica que ni la introducción de pilotes, ni el puente atirantado fueron evaluados y menos, autorizados, por lo cual avanzar en esa idea sin modificar las MIAs o presentar otras, sería igualmente ilegal.
“Escuchar al presidente fue un cúmulo de sentimientos encontrados, porque por una parte, confiesa que todo lo que hemos denunciado desde hace casi un año, es cierto: Que no eran acahuales, sino árboles, selva; que hay cenotes, cavernas y ríos subterráneos en riesgo que se deben proteger, según él, con un puente atirantado sobre pilotes que traspasen el sistema kárstico.
“Todo eso –menos lo del puente y los pilotes– era lo que queríamos presentarle cuando le pedimos audiencia y no nos escuchó. Entonces, se hubiera ahorrado un año de devastación si nos hubiera recibido. Por otro lado, eso que quieren hacer no sirve. Ya volvieron a cambiar el proyecto, porque no se contemplaban ni pilotes ni puente atirantado, lo cual no es garantía de protección”, expresó.
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afcl
