Tuxtla Gutiérrez.- Transportistas de diferentes modalidades en la frontera sur realizaron este miércoles un paro parcial de actividades para exigir mayor seguridad en sus rutas ante las crecientes amenazas de extorsiones de grupos criminales.
Concesionarios, permisionarios y conductores de colectivos y taxis de Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez y Suchiate suspendieron el servicio durante algunas horas.
En un pronunciamiento, dirigido a los tres niveles de gobierno, los transportistas denunciaron "el permanente hostigamiento" de delincuentes que con amenazas pretenden obligarlos a cubrir un pago semanal por protección o "derecho de piso".
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Señalaron que hace unos días en el municipio de Cacahoatán fue atacado a balazos un chofer y el vehículo registró varios impactos de bala.
Esos ataques, presiones y amenazas de bandas delictivas dedicadas a las extorsiones se extienden a otros municipios de la costa de la entidad, expusieron.
"Con violencia se pretende condicionar a pagarlas (las cuotas), ya que de no aceptarla y cumplir, señalan van a matar a directivos, choferes y tirar bombas en las terminales", aseguraron.
Se trata, precisaron los transportistas, de delincuentes a bordo de motocicletas sin placas de circulación; se ha informado, agregaron, que las llamadas se originan del interior de reclusorios de Chiapas, las cuales no se bloquean ni colocan inhibidores.
Los ataques delictivos, indicaron, provocaron que dos empresas transportistas en la modalidad de urvan dejaran de proporcionar las corridas de Tapachula a Cacahoatán.
El retiro de la transportación, manifestaron, fue después de recibir amenazas directas "con nombres y números de unidades que van a sufrir las consecuencias de no pagar, además del atentado en contra de un chofer".
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En el documento enfatizaron que hasta hace un año y medio el sector transportista trabajaba, no sabía de extorsionadores, "de atentados, de muertos, de lesionados y de unidades dañadas".
Actualmente, la situación es diferente y ésta amenaza con crecer y quedarse, "ya que así lo han manifestado los delincuentes a través de mensajes y llamadas telefónicas”.
Por lo tanto, añadieron, urge la intervención del gobernador Rutilio Escandón para que haya una solución efectiva a ese problema de inseguridad "que se extiende a otros sectores como tortillerías, restaurantes, comercios, bares, constructores y ganaderos".
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afcl