Más Información
oaxaca@eluniversal.com.mx
Oaxaca.— El gobierno de Oaxaca ganó un litigio por más de 88.8 millones de pesos contra la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), luego de que esta institución incumplió con un contrato para la creación de un software que nunca fue entregado y que costó 56.3 millones de pesos.
La demanda civil fue interpuesta por la Secretaría de Finanzas (Sefin), la cual falló a su favor y condenó a la universidad a la devolución del costo pagado más los intereses generados, es decir, otros 32.5 millones. Hasta la fecha, la UAEM no ha restituido el monto, pues asegura que interpuso una denuncia por peculado contra los exfuncionarios responsables.
El contrato. Fue el 13 de julio de 2011 cuando el exsecretario de Finanzas de Oaxaca, Gerardo Cajiga Estrada, suscribió un contrato con la UAEM para el diseño, creación, fabricación e implementación de un sistema de información para llevar a cabo “la actualización organizacional, funcional y tecnológica” de esa dependencia y cumplir así con disposiciones federales y estatales en materia de “Armonización contable, manejo del presupuesto con enfoque de resultados, evaluación del gasto, calidad en la inversión y transparencia”.
La Secretaría de Finanzas informó a EL UNIVERSAL que la UAEM entregó parte del trabajo, pero al ser validados por las áreas técnicas y normativas, presentaron fallas, por lo que no era funcional.
El dictamen fue informado a la universidad, pues dado el carácter de indivisibilidad del contrato y el objeto adquirido no se podía hablar de cumplimiento parcial, porque “un programa informático, si no está 100% terminado, no funciona”. Pese a ello, Cajiga Estrada pagó indebidamente a la UAEM el monto total.
Por ello, la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas demandó a la UAEM, el 8 de enero de 2015, ante el Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro por incumplimiento de contrato, reclamó los 56.3 millones erogados y el pago de intereses calculados a 9% anual, de daños y perjuicios, entre otros. El expediente es el PE12/108h.1C6.1.2/31/2015.
El 8 de febrero de 2016, la juez resolvió a favor del gobierno de Oaxaca, condenando a la UAEM a la devolución de la cantidad pagada por concepto de contrato y al pago de intereses que generó dicho efectivo a partir del día 12 de diciembre de 2012, además de los costos derivados del juicio.
A partir del 5 de septiembre de 2018, la sentencia contra la universidad ya no admitió recurso judicial, por lo que el 27 de septiembre se le concedió un plazo improrrogable de cinco días para cumplir con la sentencia, pero el pago tampoco llegó.
De acuerdo con la Sefin, en caso de que la UAEM no dé cumplimiento a la sentencia, se promoverá un incidente de liquidación en el que se precisen las cantidades adeudadas, un paso necesario para que se cumpla la sentencia. Hasta la fecha el adeudo es de 88.8 millones de pesos.
El desvío del pago. El abogado general de la UAEM, Luis Raúl Ortiz Ramírez, aseguró que el tema no se ha resuelto porque la universidad interpuso una demanda penal por el delito de peculado contra Hugo del Pozzo Rodríguez, quien se desempeñaba como director de Servicios Financieros, y Enrique Fichtl Becerra, quien era director de Tecnología. Dijo que deben esperar a que un juez determine su responsabilidad y devuelvan el dinero del contrato.
Explicó que los exfuncionarios realizaron a título propio el contrato con la Sefin, del cual se enteró la UAEM hasta que fueron emplazados a juicio: “Cuando empezamos a investigar nos damos cuenta de que Hugo del Pozzo no estableció este asunto en su acta de entrega-recepción (...) lo que hizo fue defraudar la confianza de la universidad y firmar un contrato”, señaló.
Por ello, fue inhabilitado 20 años por la UAEM, fue detenido junto con Enrique Fichtl, pero ganaron un amparo para continuar el proceso en libertad. El jurídico reveló que el pago que realizó la Sefin no ingresó a la UAEM, que los exfuncionarios triangularon el dinero a través de empresas y simulación de entrega de becas, y que están en comunicación con el gobierno de Oaxaca para llegar a un acuerdo. Ningún funcionario oaxaqueño ha sido indagado por este caso.
