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Tijuana.— Durante la segunda audiencia del primer grupo de migrantes retornados a México, como parte del Protocolo de Protección de Migrantes, la frase de un solicitante de asilo retumbó en la corte, en el condado de San Diego: “Por favor, no me regresen a México”.
El martes pasado seis de los siete migrantes se presentaron por primera vez ante un juez. Sólo cuatro contaban con un abogado, el resto recibió el beneficio de más tiempo para conseguir, como dijo el juez Rico J. Bartolomé, lo que por derecho les corresponde: “un representante legal”.
Una de las abogadas, Robyn Barnard, solicitó que su cliente permanezca bajo custodia, pero en Estados Unidos, pues Tijuana —adonde son enviados quienes esperan su proceso de asilo— no es una ciudad que pueda garantizar su seguridad.
“Ellos tienen miedo de pedir ayuda a la policía, hay grupos que buscan a este tipo de grupos, mi cliente incluso ha recibido amenazas, en México tienen riesgo de ser perseguidos”, dijo.
En 2018 Tijuana cumplió un récord histórico con más de 2 mil 500 personas asesinadas, y con una tasa de impunidad en el delito de homicidio que, según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), está por encima de 50% de los casos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), desde que inició el Protocolo de Protección de Migrantes, en enero pasado, más de 200 migrantes centroamericanos fueron retornados bajo el nuevo esquema a esta frontera, que recién fue calificada como la más violenta del mundo.
Uno de los abogados de Innovation Law Lab, Ian Philabaum, estuvo presente en la audiencia. El también activista sostiene que no sólo se trata de la incapacidad de garantizar la integridad de los migrantes, sino de la violación a sus derechos y a un debido proceso, cuyas fallas quedaron expuestas la semana pasada cuando el gobierno estadounidense adelantó cinco días la audiencia.
Ese cambio complicó el proceso para los solicitantes, porque no todos tenían un abogado ni un domicilio fijo para recibir la notificación, por lo que sólo uno de los tres migrantes pudo asistir, una más llegó tarde y el último simplemente no se enteró.
Arrinconados, entre más de 50 personas dentro del salón, los seis migrantes (cinco hondureños y un guatemalteco), esperaban e intentaban entender desde las dos butacas finales. Uno a uno pasó al banquillo, quienes tuvieron la oportunidad, junto con su abogado, para iniciar un proceso de asilo, el primero en su tipo.
Lisa Knox, otra de las abogadas que representa a dos de los migrantes, dijo al salir de la corte, que considera pedir que sus clientes permanezcan en territorio estadounidense.
“Definitivamente este nuevo sistema afecta los casos”, sentenció la abogada, “en mi caso sólo tuve oportunidad de mirar a mi cliente tal vez tres veces, contactarlo es otra complicación por la distancia y por el costo… es un hecho que sin un abogado estas personas no van a tener éxito”.
Desde noviembre pasado, cuando llegó el primer grupo de la caravana de centroamericanos, más de 7 mil personas quedaron atrapadas en Tijuana, una parte decidió cruzar el muro sin que haya una autoridad que precise una cifra oficial. Otros han optado por pedir asilo y esperar en la ciudad hasta que Estados Unidos les permita iniciar su proceso, y otros más, los menos, consideran a México una opción para vivir.
