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Chilpancingo.— El delegado en Guerrero de la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM), César Felipe Leyva, reveló que por lo menos siete locutores se han desplazado del estado por amenazas que, en su mayoría, son de servidores públicos.
Además, informó que la familia del locutor y productor de la estación gubernamental Radio y Televisión de Guerrero, Gabriel Soriano, no ha recibido la pensión que le corresponde a más de un mes de su asesinato.
En un evento, donde la ANLM firmó un convenido de colaboración con el Colegio de Comunicadores del Estado de Guerrero, el delegado dijo que cuentan con el registro de unos 20 comunicadores que han recibido amenazas y siete de ellos han tenido que salir huyendo del estado.
Explicó que la mayoría de las agresiones provienen de algún funcionario público, tanto del gobierno del estado como de los municipios.
“Son muchas la amenazas, pero lamentablemente no denuncian, no se acercan al sistema de protección, que no sientan temor, para que puedan ser evaluados y puedan ser incluidos a este sistema. Creo que hay entre 15 o 20 casos y de ellos unos seis o siete compañeros han tenido que ser desplazados”, puntualizó.
Felipe Leyva afirmó que lo más grave de las amenazas es que la mayoría provienen de los servidores públicos. Indicó que la mayoría de los locutores que se han desplazados son de los municipio de Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo.
Sobre el caso del locutor de RTG, Gabriel Soriano, dijo que espera que las autoridades cumplan con el pago de todas las prestaciones.
