Oaxaca de Juárez.— Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), aseguró que la política migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) es criminal y fallida.
Dijo que no sólo coloca a las personas migrantes que transitan por territorio oaxaqueño en una situación de mayor vulnerabilidad, sino que es una política violatoria de sus derechos humanos que lo que busca es “estacionar” la migración en el Ist- mo de Tehuantepec y en la ciudad de Oaxaca, es decir, retrasar su avance hacia el norte del país en búsqueda de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, afirmó.
Lo anterior lo señaló en entrevista con EL UNIVERSAL sólo unos días antes de que el órgano autónomo que preside emitiera medidas cautelares al gobierno de Salomón Jara (Morena) para que tome acciones a fin de atender a los miles de extranjeros en tránsito que se han estacionado en ciudades como Juchitán y la capital, lo que ha ocasionado protestas de la población.
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Las medidas cautelares están dirigidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al coordinador estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, a la directora general de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca y a los ediles de Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino.
Para la defensora, una muestra de la naturaleza criminal de la política migratoria ocurre cuando funcionarios del INM bajan a las personas de los autobuses en los que viajan para obligarlas a continuar su camino a pie, sin importar que sean familias con menores de edad y que su tránsito por el país sea legal o regular. Esto ha provocado, ponerlos en situación de riesgo. Según los informes de las autoridades estatales, muchos han sido capturados por la delincuencia organizada y se ha reportado a niños desaparecidos.
“No hay ningún argumento jurídico para que puedan bajarse de un camión cuando traen un boleto pagado, cuando vienen prácticamente en estado regular, porque ellos han tenido su forma migratoria que se llama CBP One y vienen con ese documento, porque lo han hecho desde sus países o muchos lo han hecho en la frontera sur”, dijo.
De acuerdo con datos del gobierno de Oaxaca, esta entidad se ha convertido prácticamente en el paso obligado de miles de migrantes de al menos 16 países que buscan llegar a Estados Unidos y sólo de mayo al 15 de agosto han cruzado por el suelo oaxaqueño 60 mil 280 personas en tránsito. Lo anterior debido a que los migrantes necesitan llegar a Tapanatepec, para obtener un permiso provisional para cruzar México.
Oaxaca, un embudo
Para Lara Rodríguez, la migración en Oaxaca ha adquirido mayor visibilidad por esta política del INM, es decir, del gobierno federal, el cierre de las estaciones migratorias tras la muerte de 40 migrantes en una estación provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como por la política migratoria del gobierno de la Unión Americana.
En el caso del gobierno de Estados Unidos, explicó que ese país tiene una postura de puertas abiertas únicamente para personas provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, pero el detalle, dice, es que mientras son recibidas o aceptadas, el Estado mexicano debe asumir el compromiso de cuidarlas.
En el caso de México, dijo que la política seguida ha incrementado el flujo de migrantes.
Por un lado, mencionó que la muerte de 40 migrantes provocó el cierre de las estaciones migratorias, con las que se controlaba el flujo de personas en todo el país.
“Ahorita, el instituto no sabe quiénes son los que están entrando, quiénes están saliendo; sin embargo, cuando eran presentados ante el instituto, había nombres y apellidos de las personas que estaban ingresando a territorio mexicano.
Haber cerrado las estaciones migratorias permite que no sean detenidos en su camino y no sepan quiénes están en el interior del país”.
Por otro lado, la SCJN determinó que es inconstitucional el periodo de 15 días hábiles que establecía el INM para resolver la situación jurídica migratoria de una persona, e instruyó que debe resolverse en un lapso no mayor a 36 horas.
La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos consideró que este tiempo no le permite a Migración realizar ninguna acción. Ante esto, advirtió que el flujo migratorio no va a cesar e incluso es probable que se incremente aún más.
Elizabeth Lara aseguró que en un “ámbito de colaboración” han solicitado al INM deponer su actitud hacia las personas migrantes, porque las pone en situación de riesgo y viola sus derechos humanos.
Además, se evidencia la falta de seguridad en la ruta que recorren en el estado de Oaxaca, razón por la cual la alerta temprana también se dirigió a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal.
En cuanto a las quejas que ha recibido este organismo por probables actos violatorios, la mayoría se han redirigido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando se trata de autoridades federales; en el caso de autoridades estatales y municipales, la defensoría tiene 10 expedientes de queja abiertos y cinco cuadernos de antecedentes.
Dos miradas
Para la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, la migración en Oaxaca, señaló, debe verse desde dos perspectivas: la de seguridad y la de la ayuda humanitaria.
La seguridad, recalcó, corresponde a las autoridades encargadas de atender ese tema y de verificar la situación migratoria, como el Instituto Nacional de Migración, y ante la comisión de un delito tiene que intervenir cualquier autoridad de carácter de los niveles de gobierno.
Desde el punto de vista de derechos humanos y humanitario, corresponde a las autoridades estatales en tanto estén en territorio oaxaqueño. “Les corresponde atender y dar esta ayuda humanitaria, este apoyo. La ayuda no se criminaliza y tendrá que ser el estado quien obviamente apoye a los migrantes”.
Sobre la ayuda humanitaria, advirtió que si no se atiende, puede llegar un momento en que el tema migratorio puede tornarse delicado, principalmente en la ciudad de Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec, porque pueden ocurrir reacciones de xenofobia y aporofobia que provocarían el enfrentamiento entre migrantes y la población.
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