Más Información
Luigi Mangione se declara inocente por asesinato del CEO de United Healthcare; abogada acusa “teorías jurídicas contradictorias”
Trump declarará a cárteles como organizaciones terroristas; "fui muy duro con México, hablé con la nueva presidenta"
Sheinbaum responde a Trump sobre declarar a cárteles como organizaciones terroristas; rechaza injerencia extranjera
El comisionado estatal de seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra, violó la ley porque nunca puso a disposición del Ministerio Público a los elementos que participaron en el operativo para detener a presuntos integrantes del crimen organizado, la madrugada del 30 de noviembre en el municipio de Temixco.
Capella Ibarra no sólo obstruyó la acción de la justicia al impedir la presentación de los elementos, sino que los llevó a la Ciudad de México para ofrecer su testimonio ante la prensa nacional antes de rendir su declaración frente al Ministerio Público, dijo Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Morelos.
El especialista en derecho penal afirmó que la actuación del Comisionado es inédito porque desacató la ley en el sentido de que mientras una persona, en este caso los policías que participaron en el operativo, se encuentran sujetos a investigación no pueden dar a conocer detalles de una indagatoria.
El jurista especializado en el nuevo sistema de justicia penal, Cipriano Sotelo Salgado, dijo que el tema es tan sencillo como cuando chocan dos personas en sus autos. Si no alcanzan un acuerdo entonces deben ser puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. En este caso, dijo, se habla de personas fallecidas por disparos de arma de fuego, eso es muy grave, subrayó.
El miércoles el Fiscal General del Estado aseguró que investigaría a los elementos involucrados en el operativo donde murieron cuatro mujeres, un adolescente y una bebé de dos meses de edad.
¿Pero como lo va a investigar si nos los pusieron a disposición?, se le preguntó.
“No necesariamente tienen que ser puestos a disposición, si no fue así veremos en que otra falta pudieron haber incurrido. Vamos a solicitar bitácoras, videos, todo lo que se tenga que hacer para ver quienes fueron los policías que participar y si hay alguna responsabilidad”, respondió.
El día de los hechos el Comisionado Capella Ibarra convocó a conferencia de prensa y prometió que respetaría la investigación de la Fiscalía General del Estado. “Voy a estar muy respetuoso de lo que la Fiscalía determine y por lo mientras los elementos están a disposición, como es el protocolo, con las armas, con todo lo necesario”, afirmó el jefe policiaco.
Pero Capella mintió porque el jueves pasado el Fiscal sostuvo que ningún elemento de la Policía Morelos fue presentado ante el Ministerio Público.
“Si ese fuera el caso los hubiéramos bajado a Control de Detención o puestos en libertad, pero estamos investigando el actuar de los elementos porque el hecho de las seis pérdidas de vidas humanas en estas condiciones es condenable”, sostuvo.
De acuerdo con el presidente de la Barra de Abogados en Morelos, Miguel Ángel Rosete, el comisionado Capella también violentó el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuyo texto establece que cuando la Policía reciba denuncias anónimas, debe comunicarlo al Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación.
El Comisionado dijo el día de los hechos que sus elementos incursionaron en la colonia Rubén Jaramillo porque tenían informes de un presunto enfrentamiento entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Del Sur.
Enrique Paredes Sotelo afirmó por su parte que los policías estatales también violentaron el protocolo de actuación policial que estableció esta administración, con respecto al uso de la fuerza porque primero debieron aplicar el método de disuasión, enseguida usar gases lacrimógenos y al último realizar los disparos de arma de fuego.
En cuestión de la ley, dijo, es un delito allanar una casa sin orden judicial y aunque sea en flagrancia no te puedes meter a una casa porque no había delito. El delito se constituyó después que llegaron los policías.
Capella dijo en un primer momento que sus elementos llamaron a la rendición pero uno de los presuntos responsables disparó un arma por dos horas y por eso repelieron la agresión, hasta que escucharon la voz de mujeres pidieron detener los balazos.
El argumento se desvaneció porque de acuerdo con los resultados del los periciales en balística, criminalística y de química forense sólo cuatro de los más de 200 cartuchos percutidos en el lugar, coinciden con una de las dos armas de fuego encontradas en el interior de la casa donde se practicó el operativo.