El 5 de septiembre de 2019 la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reportó un enfrentamiento con un grupo delincuencial en la colonia Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que mataron a ocho personas: cinco hombres y tres mujeres. Ellos no reportaron ningún herido. Informaron que las personas con las que se enfrentaron portaban armas y vestían indumentaria tipo militar, con insignias de un cártel, así como la presentación de una camioneta con blindaje artesanal. Ahora, dos meses después, Sara, Alejandra y Roberta —los nombres no son reales—, testigos presenciales del operativo, describen cómo seis de las personas que fueron asesinadas dormían como cualquier noche, cuando policías estatales y miembros del Centro de Análisis Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (Caiet) entraron al domicilio en Héroes de Nacataz 6836, los golpearon, torturaron y los forzaron a subirse a camionetas. Horas más tarde, sus cuerpos estarían a ocho kilómetros de donde las autoridades los sustrajeron con disparos en la nuca y espalda en la escena que las autoridades simularon un enfrentamiento.
“Alrededor de las 5-6 de la mañana. Estábamos dormidas y en eso abrieron la puerta y se metieron y nos dijeron: ‘tírense al piso’, luego nos tiramos al piso. ‘¿Dónde están las armas?’, y yo le dije que no sabía de qué estaba hablando. Y él me dijo: ‘saca las armas, no te hagas pendeja’. Y yo le dije: ‘oiga, es que yo no sé de qué está hablando. Yo trabajo en un lavado y yo mantengo a mi pareja y el cuarto aquí me lo acaban de rentar’. ‘No te hagas pendeja, si no hablas te vamos a matar’”, le dijo un policía estatal a Sara.
En esa casa había al menos tres cuartos ocupados. Seis personas en el primero, todas murieron ese día. Eran tres mujeres y tres hombres. En el segundo departamento estaban Sara y Alejandra, que apenas llevaban viviendo dos semanas ahí. En el último estaba Roberta y sus dos hijas. Todas piden mantener sus nombres en secreto por temor a represalias.
“Estas personas (policía estatal) que iban vestidas de negro. Llevaban un arma larga y otra pequeña. Sí eran bastantes, pero en el cuarto nada más dos. Afuera había otros. Nos tenían boca abajo. En un minuto metieron a las otras tres mujeres [las mujeres del primer departamento]. Vinieron [policía estatal] por la primera, dijeron que era la buena y se la llevaron y luego vino por la segunda. Ahí empezaron a golpearla a lado de mí. Nunca prendieron la luz. Cuando yo quería mirar decían: ‘agacha la mirada o te voy a dar un chingadazo’. Estaba escuchando que estaban pidiendo bolsas y que le estaban poniendo una y luego le pidieron un bat a otro policía y con ese le estaban pegando en la panza y con eso le estaban sacando el aire. Ahí a un lado de mí”, narra Alejandra.
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De la casa de Héroe de Nacataz se llevarían a las seis personas del primer departamento a una casa en Valle de Anáhuac, ocho kilómetros de distancia. El operativo ya llevaba a un civil más, ahora van siete. En esa casa vivía Kasandra, su hija de dos años y su padre Severiano. Las autoridades estatales simularían un enfrentamiento. Ramón, grullero de tránsito de Nuevo Laredo recibiría la orden de mover una camioneta a la casa de Valle de Anáhuac y dejarla en un ángulo que pareciera una persecución. Las autoridades balearían la camioneta para simular un enfrentamiento. Ahí pondrían un cuerpo y los otros siete dentro de la casa. Los cuerpos presentan tiro en la nuca y espalda. Esta información es parte de la de la denuncia en la Fiscalía por parte del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Kasandra contó al comité cómo su papá fue golpeado, torturado y obligado a vestirse con ropa de estilo militar por parte de la policía estatal a las 7 am del 5 de septiembre. Explicó que cuando la obligaron a salir de su casa, con su hija de dos años en brazos, vio cómo una camioneta de estatales estaba estacionada dentro de su casa y había personas bajando armas largas y acomodándolas, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, haciendo perímetro al operativo.
Tanto el testimonio de Kasandra como el de Ramón, más otros testimonios, testigos, presentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ante la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la difusión en el noticiario de Denise Maerker, originó que el gobierno del estado abriera una carpeta de investigación el 11 de septiembre de 2019.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha apoyado a Kasandra y los familiares de las víctimas. En este tiempo se levantaron ocho órdenes de aprehensión contra policías involucrados en el operativo, aunque ellos piden más de 20. Se creó una Fiscalía Especial para el caso. Se han tenido tres reuniones con autoridades. Se han exhumado dos cuerpos, en espera de uno más, al resto los incineraron. A pesar de esto no hay ningún detenido. En la última reunión entre víctimas y gobierno, el sábado pasado, el fiscal especial no fue. No les han dado el informe de las exhumaciones y un día antes los familiares se enteraron de la cancelación de tres órdenes de aprehensión.
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En la notificación a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, se lee cómo tres de los oficiales explican que ellos sólo obedecieron órdenes de su superior: José Rafael González Villalpando. Así justifican sus acciones. Este diario buscó una postura por parte de la Fiscalía de Tamaulipas y del fiscal especial, Adelfo González, sin respuesta.
“La Inteligencia [en las autoridades], es un mito. Está sustentada en tortura, en detención arbitraria, ejecución extrajudicial, y en la desaparición forzada. No conocemos el término justicia. Conocemos la impunidad, la simulación”, explica Raymundo Ramos, presidente del comité. Desde 2009 han reportado casos donde las Fuerzas Armadas han estado involucradas en ejecuciones, desapariciones, así como de víctimas torturadas por autoridades para conseguir información.
Desde que Kasandra declaró ha recibido tres amenazas. Dos en persona y una más por teléfono. Kasandra se para a un lado de donde los estatales acomodaron el cuerpo de su padre en la cocina de su casa y lo señala. Recuerda que aunque en la funeraria quisieron maquillar los golpes que recibió, seguían estando las marcas, en la frente y en la boca. Su padre trabajaba en una refresquera en un horario de 6:00 am a 4:00 pm, explica, pero una semana antes de que lo mataran había tenido un accidente y estaba de incapacidad en su casa. Su uniforme está revuelto en el piso entre todas las cosas que rompieron las autoridades cuando entraron. Unas manchas de sangre, el conteo de los peritos de impacto de bala en las paredes de la casa. Kasandra ha vuelto a su domicilio cinco veces, la penúltima, recuerda, quería llevarse su colchón o aires acondicionados, pero ya se los habían robado.
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Cuando a Ramón lo citaron a declarar en el ministerio público, 15 patrullas de estatales llegaron a su casa, dos horas antes. De ahí logró protección y lo llevaron a declarar. Entre el susto y su condición de diabético, fue llevado al hospital, donde miembros de la policía seguían dando vueltas, tuvo que ser sacado por una puerta de atrás, y llevado a otra dirección que no era su casa. Ramón es grullero de tránsito desde inicio de año, antes era taxista. Por casualidad él era la única grúa disponible cuando el operativo sucedió. “Ya que estaba todo, le dije [a los estatales] que si iba para PGR la camioneta y me dijo que se iba a mover a un punto. Que eso nadie debe de saber que, si “abría el agua”, iban a ir por mi familia y me iban a matar. Me quitan mi teléfono, me ordenan que los siga. Delante iban dos trocas de la estatal. Color azul y blanco, yo iba en medio. Atrás iban dos trocas del Ejército y un blindado. Así estuvo el recorrido. Llegamos a valles Anáhuac”.
La Sedena reconoce que estuvo en el operativo realizado por las autoridades estatales con una participación perimetral y que a la distancia en que estaban, 200 o 300 metros, no vieron nada. La CNDH inició sus investigaciones desde septiembre y ya se encuentran en la parte final. Han podido hablar con miembros del grupo especial, policía estatal y Sedena.
Ramón harto de las amenazas e intimidaciones y cumpliendo su horario de 7 am a 3 pm, dice entre sollozos, que quisiera ser una persona normal.