.— Javier C. Ñ. tenía 22 años cuando policías del estado de Coahuila lo detuvieron, lo subieron a una patrulla y lo torturaron. Lo acusaron de matar policías, de ser comandante de plaza del Cártel de Sinaloa y de secuestro agravado, delito por el que lo sentenciaron a 50 años.

Cinco años después y gracias al Proyecto Inocente de la Clínica Jurídic a de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Iberoamericana Torreón, Javier obtuvo su libertad al no encontrar el MP elementos suficientes para mantenerlo en prisión por un delito que injustamente se le atribuyó.

En diciembre de 2016, mientras estaba con una amiga en el centro de Torreón, policías estatales se le acercaron y le pidieron que se identificara. “Te voy a hacer una revisión”, le dijeron. Javier se negaba. Otros policías se acercaron y decían: “Sí es él”, “No es”, decía otro; “Sí es él”, insistían. Los policías lo subieron a la patrulla y a su amiga la subieron a otra.

Leer más: 

Dentro de la patrulla lo golpearon y lo acusaban de ser de la delincuencia organizada. “Tú eres El Bellaco , tú mataste a unos policías. Nos la vas a pagar”.

A Javier lo amenazaron y torturaron sicológicamente diciéndole que lo matarían y descuartizarían. “¿Dónde están las armas? Te vamos a matar”, le amedrentaban.

Por la noche lo sacaron y lo pusieron frente a una mesa con drogas y un arma. “Esto no es mío”, les dijo. “Tú vas a decir que lo traías”, le dijo un policía estatal. Le tomaron fotografías.

Después lo llevaron a oficinas de la policía ministerial. Lo acusaron de posesión de drogas, al igual que a su amiga. “Me dijeron que contaba con las características de una persona, pero le insistía que yo era inocente”, recuerda Javier para EL UNIVERSAL .

Después de una audiencia en la que lo dejaron libre, ya lo esperaban decenas de policías con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado. Le pusieron hasta un apodo: El Gafe .

“Me pusieron lo de la droga para que pudieran integrar la carpeta de secuestro”, dice.

Javier y su familia contrataron abogados, pero cuenta que sólo dieron falsas esperanzas, tuvieron mala defensa y les quitaron el dinero.

La jueza que llevaba su caso le ofreció terminar anticipadamente el proceso si aceptaba el procedimiento abreviado. A cambio le ofrecía una sentencia de 30 años. Javier se negó y optó por el juicio oral. Quería luchar por su libertad. “Hasta donde lleguemos, yo no tengo miedo porque soy inocente y yo voy a pelear hasta que encuentre la justicia”, arengó Javier.

Tenía pruebas, testigos y videos. Había solicitado el GPS de su teléfono para corroborar que no estaba en el lugar donde supuestamente había ocurrido el secuestro, sino que estaba conviviendo con amigos.

Finalmente, el 22 de enero de 2017 lo sentenciaron a 50 años de prisión. “Fue muy triste. Tenía todos mis sentimientos encontrados, sentí tristeza, odio, rencor hacia la autoridad”, narra.

La esperanza

En prisión, cuenta Javier, se sintió desahuciado. Dice que era muy difícil hablar con su hija. Hubo un momento en que ya no vio salida.

“No me queda de otra que establecerme ya bien, hacer mis labores cotidianas, mi rutina y no pensar en afuera”, relata Javier. Su familia, especialmente su madre, lo hicieron fuerte. Su hermana se encontró con una noticia de Proyecto Inocente y comenzaron a enviar mensajes.

El Proyecto Inocente es coordinado por el maestro Mario Mendoza Flores, abogado penalista y catedrático de las materias de asignatura penal o procesal penal en la Ibero Torreón. El abogado y docente cuenta que ellos entraron cuando ya estaba presentado el último recurso.

“Nosotros notamos algunas lagunas para poder soportar el amparo. Presentamos unos alegatos. Platicamos con el magistrado y con conocimiento, atento, empieza a tomar nota y determinan reponer el procedimiento porque no habían sido contestados los agravios de la apelación. La sala nuevamente dicta los 50 años y es cuando presentamos el amparo directo, pero ya con puntos precisos”, explica Mario Mendoza Flores.

Entre esos puntos se encontraba una inexacta valoración de pruebas y exclusión de pruebas ilícitas. Los magistrados, precisa Mendoza Flores , marcan la pauta para que se elimine una prueba y que valore el cúmulo de pruebas como videos y testigos de Javier. Al final, dictaron una absolución.

El coordinador del Proyecto Inocente considera que a veces hay asuntos de consiga por parte de las autoridades, de impacto social, de no quedar mal o el qué van a decir si dejan libre a un acusado. El abogado menciona que actualmente el proceso ya está concluido.

Fue el 17 de enero de este año que le notificaron a Javier su absolución. “No me la creía. Fue algo tan difícil de pelear contra un sistema, que no me la creo”, comenta.

A unos días de salir de prisión después de cinco años de pagar una condena por un delito que no cometió, Javier tiene miedo. Cuenta que sale con temor y que siempre se fija que no haya un policía cerca porque no quiere que se repita la historia.

Sobre una posible contrademanda o buscar una indemnización, asegura que no está en sus planes: “Ya no quiero saber nada de esa pesadilla. No me interesa nada del gobierno. Quiero continuar con mi vida y estudiar”, platica.

Ahora Javier quiere estudiar derecho porque quiere ayudar a personas inocentes como él. Para Javier, su absolución fue un milagro, pero también un acto de justicia.

Leer más:

Llegan más casos

Juan José Rojas, coordinador de la carrera de Derecho en la Ibero Torreón, menciona que Proyecto Inocente se firma con la Universidad de California Western School of Law en Estados Unidos desde 2016.

Explica que se elaboran convenios de colaboración y cuando llegan casos como el de Javier, los analizan y envían una ficha a la universidad.

El coordinador del proyecto, Mario Mendoza, detalla que la Red Inocente habla de varias hipótesis para absorber el caso: inadecuada defensa, falta de ADN, asuntos de consigna, entre otros. En el caso de Javier, explica que encontraron una deficiente defensa, por lo que decidieron mandar el caso y la hipótesis a la Universidad de California, donde analizaron y consideraron que sí existía una oportunidad.

Juan José Rojas añade que en el proyecto participan alumnos y exalumnos de la licenciatura de Derecho. Comenta que, con la Clínica Jurídica de la Ibero Torreón se busca aprovechar la estructura de la universidad y con un equipo multidisciplinario, apoyar en los casos.

Desde que se dio a conocer la liberación de Javier, han llegado al proyecto otros tres casos que buscan apoyo.

Leer más

: