Policías jubilados y viudas de agentes que exigen la liquidación de sus primas de antigüedad y que retire el alcalde el recurso de inconstitucionalidad que interpuso contra la reciente Ley de Seguridad Pública bloquearon el Palacio Municipal y la avenida Álvaro Obregón en Culiacán.
Los manifestantes provocaron un caos vial en el primer cuadro de la ciudad al cerrar la circulación sobre la principal avenida y colocaron una valla humana en los accesos a Palacio Municipal para impedir el ingreso de los burócratas y de contribuyentes que acudieron a pagar sus impuestos o realizar un trámite.
Solicitaron que el presidente municipal los reciba a los dos grupos en audiencia para discutir los plazos en los que se cubrirán los adeudos que se arrastran con los agentes jubilados y que se comprometa a retirar el recursos legal que interpuso contra las nuevas disposiciones en la Ley de Seguridad Pública.
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Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán dio a conocer que en su administración se han cubierto más de 30 millones de pesos en finiquitos de la prima de antigüedad de policías jubilados en los años 2017, 2018 y 2019, conforme el flujo de recursos que se tienen.
Hizo ver que con estos policías jubilados , se negoció con ellos, cubrirles un ochenta y cinco por ciento de sus montos, para poder disponer de más dinero y ampliar la liquidación de más agentes, lo que está documentado y firmado por las partes.
El alcalde de la capital del estado estimó que faltan de recibir sus finiquitos de prima de antigüedad que fluctúa entre los 300 y 400 mil pesos por elemento, cerca de ochenta jubilados, por lo que se les ha pedido tiempo para tener ahorros en el ayuntamiento y poderles pagar esta prestación.
Sobre las reformas recién aprobadas a la Ley de Seguridad Pública, en las que se establece que las viudas de policías que fallezcan, sin importar la causa y el tiempo laborado, obtendrán una pensión del cien por ciento de sus remuneraciones que recibían en activo sus conyugues, indicó que presentó un recurso de impugnación.
Consideró que estas disposiciones son lesivas para los ayuntamientos que enfrentan severos problemas financieros, puesto que esta nueva carga a su nómina, no la van a poder solventar con el paso del tiempo.
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