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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Policía Municipal de Allende, Coahuila, participó y dio su autorización y apoyo para que Los Zetas desaparecieran a 38 personas, incluidos menores de edad.
En una recomendación que formuló sobre el caso, el organismo pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue la participación del Ejército en estos hechos y confirmó la intervención de la agencia antidrogas de Estados Unidos en la situación.
La CNDH emitió la recomendación 10/2018 por violaciones graves a los derechos humanos al gobierno de Coahuila, a la fiscalía estatal, a la PGR y a la presidencia municipal de Allende por lo ocurrido en este municipio entre el 18 y 20 de marzo de 2011, cuando el cártel de Los Zetas habría secuestrado, desaparecido y masacrado a pobladores del municipio de Allende. En el documento de 305 páginas, la CNDH pide que se realicen las diligencias necesarias para determinar la identidad de las víctimas de las 219 muestras biológicas susceptibles de análisis, que fueron encontradas en el interior de Los Garza, uno de los dos ranchos donde Los Zetas llevaron a los pobladores de Allende para masacrarlos.
De acuerdo con las investigaciones de la comisión, policías de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Allende detuvieron de manera arbitraria a 34 personas, secuestraron a cinco menores de edad y dieron “la autorización, apoyo o aquiescencia”, para que la célula de Los Zetas cometiera la masacre.
Entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, los agentes también dieron su autorización para allanamientos, saqueos y daños a diversas casas, además de participar en la detención ilegal de una víctima en el interior de un local comercial, imputable a elementos de esa secretaría.
Según lo que determinó la CNDH, entre noviembre de 2010 y enero de 2011, agentes de la DEA aseguraron diversos cargamentos de droga.
Los líderes del cártel de Los Zetas —la CNDH no lo menciona, pero en ese entonces eran Miguel y Omar Treviño Morales, El Z40 y El Z42— culparon de los decomisos y traición a uno de los pobladores de Allende; sin embargo, los tres presuntos aliados escaparon a Estados Unidos, previo a la matanza de Allende.
“Del 18 al 20 de marzo de 2011, un grupo armado perteneciente a Los Zetas arribó al municipio de Allende, demolió 40 residencias y privó de la libertad a diversas personas, dentro de los cuales se encontraban familiares de TP3 y TP4, así como personas que se desempeñaban como sus empleados domésticos”, señala la CNDH en su versión pública de la recomendación.