Los tres Poderes del Estado de Veracruz y la Fiscalía General del Estado reprobaron la emisión de criterios de jueces, juezas y magistrados federales que ha permitido la liberación de presuntos delincuentes acusados de delitos graves y señalaron intereses políticos, económicos y personales en las determinaciones jurisdiccionales.
En una conferencia de prensa conjunta, los titulares del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como del organismo autónomo, denunciaron excesos en las determinaciones y resoluciones de funcionarios judiciales federales que han permitido la liberación de presuntos secuestradores, homicidas, pederastas y por desaparición de personas.
En Palacio de Gobierno, acusaron intereses políticos y de grupos en el actuar de los juzgadores, utilizando como pretexto y ampliando incorrectamente los alcances de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva.
El pronunciamiento viene luego que la justicia federal decidió echar abajo todo el proceso legal en contra de la jueza veracruzana a Angélica Sánchez Hernández, señalada de haber pretendido presuntamente liberar a un delincuente acusado de homicidio.
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La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadans, aseguró que hay una gran preocupación por los criterios que están tomando algunos jueces, juezas y magistrados, quienes bajo argumentos sustentados en un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversos juicios de amparo han concedido suspensiones, ordenando variar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dejando en libertad a imputados de presuntos delitos graves.
“A pesar de que los fiscales han argumentado en plena defensa de los principios de legalidad al solicitar la prisión preventiva justifica en lugar de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, algunos jueces, juezas y magistrados federales han impedido que se conceda dicha medida, aún cuando esa figura jurídica no fue motivo de estudio de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, acusó.
Detalló que han liberado a personas que habían sido detenidos, vinculados a proceso y que se les había impuesto prisión preventiva oficiosa, con fundamento en el Artículo 19 de la Constitución.
Si bien dijo que respetan en su justa medida la sentencia emitida por la Corte Interamericana, porque como institución que forma parte de una sociedad democrática y humanista, deben respetar las decisiones de los tribunales a los que someten su jurisdicción, denunció que hay una interpretación extremista.
“Por bondadosa que esta sea, me temo que pueda estarnos llevando a un extremo que agrave los riesgos y sufrimiento de quienes son lamentables víctimas directas e indirectas de los delitos”.
Y acusó que incluso los jueces federales no permiten a los fiscales participar en las audiencias en las que se obliga a los jueces locales variar la medida cautelar de presuntos criminales.
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Parafraseando a Hans Kelsel, lamentó los tiempos en que la política se vuelve el primer obstáculo del derecho y la justicia. “Hoy se ven claras las intenciones maliciosas y perversas con fines políticos, el principal agravio es que la FGE ha hecho valer su autonomía tanto de otros poderes públicos y facticos como de grupos políticos delincuenciales y complicidades de otros arreglos”.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, manifestó su preocupación por el actuar de los juzgadores federales por el otorgamiento excesivo de suspensiones provisionales en contra de la prisión preventiva.
Expuso que en diversos distritos judiciales han llegado 33 mandamientos en materia de amparo, donde sin mayor estudio del asunto, otorgan la suspensión provisional para que cese la medida cautelar de prisión preventiva, con lo cual fueron puestos en libertad presuntos homicidas, pederastas y secuestradores.
Reprochó que jueces federales liberen a “diestra y siniestra” a presuntos responsables de delitos graves aplicando fórmulas genéricas en todos los juicios de amparo y lamentó que sus pares federales no tomen en cuenta el impacto social que trae consigo dejar libre de facto y sin análisis a personas que representan un peligro inminente.
“Lo realizan a través de simples formatos, sin analizar las pruebas que existan en cada caso en concreto y desde luego sin sopesar los derechos de las víctimas, afectando a las víctimas, los procesos y dejando vulnerable en la sociedad ya que facilitan la evasión y sustracción de la acción de la justicia de los investigados”, alertó.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Margarita Corro acusó que siguen intactas las viejas prácticas de opacidad, donde la corrupción entre jueces y magistrados federales hace que predominen intereses económicos y políticos
“En los últimos diez días la justicia federal ha protegido y amparado no a las víctimas, ha protegido y amparado a más de 30 presuntos delincuentes”, dijo y criticó la reciente liberación de la jueza veracruzana que pretendió liberar ilegalmente a un delincuente.
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