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Cuernavaca, Morelos.- E l juicio político iniciado hace dos años en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, bajo el argumento de que incumplió con el requisito de una residencia mínima de cinco años para contender por la alcaldía de Cuernavaca, f ue sobreseído por unanimidad del pleno del Tribunal Superior de Justicia a petición del Congreso del estado.
Al termino de la sesión, la magistrada presidente Verónica Cuevas López explicó que tras la solicitud del Legislativo se nombró una Comisión Instructora formada por los magistrados Manuel Díaz Carbajal, Elda Flores León y la propia presidente, que le dio vista del acuerdo al fiscal y al actual gobernador.
En diciembre de 2016, la anterior Legislatura con mayoría perredista, dio entrada a una solicitud de juicio político en contra de Blanco Bravo, quien entonces ostentaba el cargo de alcalde capitalino.
El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles explicó que la Comisión Instructora se constituyó de manera extraordinaria y expedita por los mismos magistrados que presentaron el proyecto para destituir al entonces presidente municipal de la capital del estado.
El juicio político, dijo el magistrado, tenía el objetivo de sacar a Blanco Bravo de la carrera política bajo el argumento de que no cumplía con el requisito de una residencia mínima de cinco años,
a pesar de que el tema fue valorado por las autoridades electorales con antelación y determinaron que no había impedimento para participar en la contienda electoral.
Arenas Ángeles precisó que la actuación del Poder Judicial y de la Comisión Instructora fue una pifia porque siguieron un proceso sin causales previstas en la ley para iniciar un juicio político.
En tanto Cuevas López, magistrada presidenta, recordó que el día que dieron entrada a la solicitud del Congreso del estado también recibieron la notificación de la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Blanco Bravo, por lo que no se desahogaron las pruebas a favor o en contra, solo se siguió con las fases que la ley permitió.
Pero la actuación de la titular del TSJ fue cuestionada al interior del Poder, recordó el magistrado, quien se ha declarado abierto opositor a su homóloga.
“Fue muy cuestionado el Poder Judicial porque se utilizó no sólo en contra del ahora gobernador del estado, sino en contra de todos los opositores políticos del exmandatario Graco Ramírez, que fueron perseguidos en la vía penal, política y administrativa”, señaló.
El sobreseimiento del juicio político, detalló, obedece a la solicitud del Legislativo y no a una cortesía de la magistrada presidente como pudiera interpretarse, con lo que concluye el compromiso político con Graco Ramírez, finalizó.
Durante el mandato de Graco Ramírez (2012-2018), Bravo Bravo enfrentó tres juicios políticos por presuntamente recibir 7 millones de pesos para alquilarse como candidato y también lo acusaron de falsear información ante el Registro Nacional de Electores para tramitar su credencial de elector con el cual pudo competir para presidente municipal. El actual gobernador ganó todos los procesos.
