Pobladores exigen justicia a 6 años del ecocidio en Río Sonora

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Hermosillo.- Justicia, remediación y no repetición es el reclamo de los pobladores del Río Sonora , afectados el 6 de agosto de 2014, cuando una inmensa laguna de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, con alrededor de 20 kilómetros a la redonda de lixiviados, sufrió una rotura en una de las piletas de almacenamiento.

En el hecho se vertieron a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas.

Atravesaron desde Cananea por los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.

Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, y se contuvieron en la Presa El Molinito, que abastece de agua potable a miles de hermosillenses.

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Además de dejar enfermeades, se contaminaron los pozos abastecedores de agua potable, los cultivos y el ganado.

Para atender la emergencia ambiental y sanitaria derivada de este derrame, el 11 de septiembre del 2014, Grupo México creó un fideicomiso, operado junto con el gobierno federal, por 2 mil millones de pesos pero solo gastaron 61% de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017, por decisión unilateral sin considerar a los afectados.

En marzo de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto la extinción de Fideicomiso Río Sonora e hizo público el engrose de la sentencia del asunto 640/2019, así como la conclusión del programa de remediación ambiental.

Ante este ecocidio ocurrido hace 6 años, está el deseo de más de 22 mil damnificados que anhelan atención médica y agua limpia.

Este aniversario coincide con la visita al sur del estado del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que María de Jesús Maldonado Moreno hizo un llamado al mandatario y le pidió voltear al Río Sonora "que también es México".

“A seis años del desastre ecológico más grande de México, levanto mi voz por todos los afectados del Río Sonora, a nombre del que fue mi esposo Apolonio Fimbres, él que luchó en todos los niveles y sólo pedía justicia, por lo que por derecho nos tocaba, como una clínica para atender a los afectados por la contaminación de las aguas, también pedía agua limpia, ya que las potabilizadoras jamás fueron instaladas y un resarcimiento económico para poder salir adelante. Mientras que Grupo México se ahoga en dinero, nosotros no contamos ni con agua limpia, ni con atención a nuestra salud, prácticamente quedamos en el olvido”, reclamó.

Por su lado, Maura Gutiérrez Pineda, de la comunidad de San Rafael de Ures, recordó que estuvo en la lucha desde el inicio e incluso participó en la toma de las instalaciones de Grupo México en Cananea de donde se derramaron los metales venenosos hacia los ríos Bacanuchi y Sonora.

“Llegaron los soldados y nos sacaron, Grupo México no nos ayudó, yo no sé el Presidente qué piensa. Nosotros somos pobres, no tenemos nada, dejé mi casita para irme a luchar, nunca nos dieron nada. Estamos muy necesitados mi esposo murió, mi hijo está enfermo y aquí estoy batallando, ya no puedo trabajar me duele el cuerpo, señor Presidente”, expresó la mujer.

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Reyna Castro Longoria, doctora en Ecología que desde el derrame mantiene una lucha ambiental en las comunidades a lo largo del Río Sonora, dijo a EL UNIVERSAL que quisiera preguntar al Presidente "¿cuál es el trabajo que han realizado los secretarios de Estado a quienes ha girado instrucciones en pro del resarcimiento y la remediación?".

“¿Dónde quedó la promesa de un hospital en Ures?, seguimos en la lucha, la remediación es tan urgente como como la reactivación económica e implementación de programas sociales”, señaló.

“Llamamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, a dar una respuesta clara para los ríos Sonora y Bacanuchi y su gente. Exigimos participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de nosotras y nosotros”, expusieron los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).

Además, exigieron acceso a la información y transparencia total sobre las inspecciones de la Profepa a la presa de jales de Grupo México, que las autoridades prometieron hace más de un año. "Demandamos que se cancele la megapresa, cuya construcción violó nuestro derecho a la participación y cuya presencia en la región llena de angustia y temor a las comunidades", señalaron.

“Luego de seis años del derrame hay acciones que aún no se han realizado y persiste la incertidumbre y la zozobra entre los habitantes de los municipios afectados”, reconoció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) .

La Semarnat se comprometió a trabajar para resolver lo que le corresponde estableciendo un diálogo claro con los pobladores, las autoridades locales, el gobierno del estado y Grupo México.

Informó avances para dar atención a las demandas de las comunidades: “Desde el año pasado, la dependencia federal ha mantenido el diálogo con las comunidades, con los tres niveles de gobierno, el sector académico y Grupo México con el objetivo de recuperar la confianza, tras años de promesas incumplidas por parte de la pasada administración”.

En lo que se refiere a los amparos promovidos por 36 personas de varios de los municipios, respecto al manejo del Fideicomiso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está en espera de lo que emita el Juez de Distrito para dar cumplimiento, por lo cual en estos meses el organismo se concentró en la elaboración de una plataforma que será de mucha ayuda para dar celeridad a los procedimientos.

La plataforma integra datos de las personas que recibieron beneficios y de las cantidades totales que se erogaron, las cuales se refleja que fueron inferiores a las inicialmente señaladas y que la suma entregada no cubre los dos mil millones comprometidos por la empresa. Esta base de datos permitirá cotejar la información con la que presenta Grupo México, reveló.

Residentes de la comunidad de Bacanuchi exigieron el cierre de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, cuya capacidad es de 2 mil 40 millones de metros cúbicos (m3) para contener tóxicos; más de 8 veces de capacidad de la presa El Molinito de Hermosillo, que puede almacenar 219 millones de m3, y en este contexto, un derrame sería fatal para más de un millón de sonorenses.

Al respecto, informó que en cumplimiento al mandato de la Corte y a lo establecido por el Juzgado Noveno de Agua Prieta sobre la restitución del derecho a la información sobre este proyecto del Grupo México, la Secretaría realizó tres reuniones en la plaza pública de Bacanuchi, el 5 de junio y 6 de septiembre del 2019, y el 25 de enero de este año. Asistieron más de 300 personas, entre las que estaban las que recibieron el amparo, población de la comunidad y representantes de comités de los municipios de la cuenca del Río Sonora.

Como resultado de estos acercamientos, además de brindar información amplia y accesible a la comunidad sobre el análisis técnico y la normativa para otorgar la autorización, también se retomaron las propuestas de la comunidad para ampliar las medidas de mitigación y compensación con el fin de garantizar mejores condiciones de seguridad a la comunidad y de protección a la flora y fauna nativa. El acta circunstanciada fue entrada la Juzgado Noveno de Distrito para su valoración y se espera su resolución.

afcl/ed