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Monterrey.— En medio de las tensiones entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el fiscal general de ese estado, Gustavo Adolfo Guerrero, a raíz del caso de la joven Yolanda Martínez, ayer diversos entes políticos y sociales se posicionaron al respecto.
Por un lado, el partido Movimiento Ciudadano (MC) de Nuevo León, el cual llevó a Samuel García a la gubernatura, señaló en un comunicado que el mandatario tenía la razón al señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha estado a la altura de los ciudadanos.
“En cada uno de los lamentables y graves casos recientes la Fiscalía ha fallado en dar a los familiares de las víctimas la certeza de que se está investigando a fondo y con la intención de encontrar y castigar a los culpables”, dijo.
En tanto, en el Congreso local, algunos diputados pidieron a ambas partes reconciliarse, como el coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño, quien convocó al Ejecutivo estatal y a la fiscalía “a recobrar la comunicación constructiva”, pues, dijo, “la sociedad demanda coordinación institucional para resolver la violencia contra las mujeres”.
En este contexto, la politóloga Lourdes López consideró que la confrontación pública entre ambos es evidencia de una grave degradación institucional.
La investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) comentó que esta confrontación es la cereza del pastel de lo que se ha visto en la entidad: inoperancia a falta de políticas públicas para la prevención de la criminalidad e ineficacia en el proceso de procuración e impartición de justicia.
Además, dijo, el diseño institucional impide que pueda haber una posible renovación en organismos autónomos como la fiscalía, pues ameritaría un tortuoso proceso que requeriría negociaciones entre los partidos PAN y PRI, que dominan el Congreso y en el sexenio anterior decidieron la designación de Gustavo Adolfo Guerrero.
