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Piden recursos para terminar pleito agrario

Huicholes solicitan fondos para que les regresen sus tierras asentadas entre Jalisco y Nayarit

09/05/2019 |03:26Raúl Torres / Corresponsal |
Redacción El Universal
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Guadalajara.— Autoridades tradicionales de la comunidad wixárika (huichol) de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, asentada en los límites de Jalisco y Nayarit, solicitaron al gobierno federal que trabaje en la creación de una partida presupuestal suficiente, para el siguiente año poder acabar el conflicto agrario que sostienen desde hace al menos un siglo con ganaderos mestizos de Huajimic, en el municipio de La Yesca, Nayarit.

En esta disputa, por 10 mil 700 hectáreas, los wixaritari han logrado sentencias favorables en 26 de 45 juicios. Sin embargo, hasta el momento sólo se han podido ejecutar un par de éstas ante la resistencia violenta de los ganaderos nayaritas, quienes exigen una indemnización por las tierras que han ocupado durante décadas.

Carlos González, abogado de la comunidad, recordó que desde 2007 iniciaron con los juicios y hasta hoy las sentencias favorables implican la restitución de 922 hectáreas, pero ante la complejidad del problema fueron los propios wixaritari quienes desde 2012 buscaron la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), para que active fondos del programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) y otorgue una contraprestación a los ganaderos afectados.

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En 2018 los funcionarios de Sedatu aseguraron que se contaba con 25 millones de pesos para poder comenzar con las ejecuciones de las sentencias ganadas e indemnizar a los ganaderos; sin embargo, al llegar la nueva administración se les informó que todo era un engaño y no había recursos.

El pasado 2 de mayo, tras una reunión en Tepic, el gobierno federal se comprometió a gestionar los recursos para el programa Cosomer e indemnizar a los ganaderos afectados por los 14 juicios que faltan de ejecución pero se negó a aportar recursos para el resto de las indemnizaciones y dejó el problema en manos de los gobiernos de Jalisco y Nayarit.

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