Cancún.- La Red Quintanarroense por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Juventudes entregó hoy un pronunciamiento al Congreso del estado, con más de 300 firmas que incluyen a organizaciones de la sociedad civil, activistas y ciudadanía en particular, en contra de la iniciativa de ley promovida por la “Alianza por el Derecho a la Vida” que busca la creación de un Instituto de la Familia.
Dicho instituto buscará recuperar valores y fomentar la moralidad, desde la perspectiva tradicional, que va en contra de la interrupción del embarazo, el matrimonio igualitario, el enfoque de Perspectiva de Género y otras “conductas erróneas”, de acuerdo con declaraciones de Rogelio Márquez Valdivia, quien preside la organización “Prótegeme desde mi concepción” y es senador suplente de José Luis Pech Varguez, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
La propuesta fue presentada ayer, ante la Oficialia de Partes del Congreso, con sede en Chetumal, por asociaciones como ASPAC, el Centro de Formación Humana y Familiar, el Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer (Cefimac), Tejiendo Sueños, Consiste, Juntos Somos Paz, la Ciudad de Alegría, entre otras, haciendo uso de la Ley de Participación Ciudadana.
La iniciativa fue considerada por la Red Quintanarroense de Derechos Sexuales y Reproductivos como violatoria de los derechos humanos y discriminatoria, por lo cual se exhortó a la XV Legislatura a desechar la iniciativa, a garantizar el Estado Laico y no a vulnerarlo.
Para la Red, el instituto planteado implica un retroceso para el reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el derecho a la no discriminación por orientación sexual, el de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y formar una familia, y el interés superior de la infancia , pues el enfoque de ese organismo se aleja de los principios laicos y científicos, contraviniendo los criterios reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres de Quintana Roo, así como de las personas de la diversidad sexual y de la sociedad en general, reconocidos ampliamente en los marcos normativos internacionales, nacionales y locales, son amenazados ante la falta de perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos, contenidos en la iniciativa presentada”, se lee en el escrito.
En el texto, dirigido a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura, Eugenia Solís; al presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez; a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos de Vulnerabilidad, Leslie Hendricks y a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Jenni Juárez, se indica que Quintana Roo lidera las tasas en embarazo adolescente, violencia sexual y uniones tempranas.
Pese a ello, el gobierno estatal no ha destinado recursos al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, y la educación integral de la sexualidad para infantes y adolescentes, se mantiene fuera de las aulas, pese a que es una herramienta comprobada para la prevención de los embarazos tempranos, el abuso sexual y la violación infantil.
El estado, entre 2011 y 2016, ocupó el segundo lugar a nivel nacional, en crímenes de odio en contra de la población LGBTTTIQA, con más de 49 asesinatos, sin que se haya generado una política pública para prevenir este tipo de homicidios, atenderlos y erradicarlos, reclamó la Red, que reprochó también la poca difusión y capacitación al sector salud, para cumplir con la aplicación obligada de la NOM 046, en materia de atención a víctimas de violencia sexual, lo que incluye brindar acceso a la Interrupción Vluntaria del Embarazo en caso de violación.
“En este panorama y ante la invisibilización de las problemáticas tan apremiantes para más de la mitad de la población en el estado, medidas como la creación de una instancia estatal fuera de los marcos de derechos humanos sin perspectiva de género, que niega la evidencia científuca y el Estado Laico, representa una obstaculización directa a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y toda la sociedad en cada uno de los municipios del territorio estatal”, se concluye.
Sobre el tema, el diputado Martínez Arcila subrayó que para las diputadas y diputados integrantes de la XV Legislatura “no existen temas vetados ni aprobados per se” y garantizó que todos los tópicos de interés para la sociedad serán debatidos de manera “amplia, abierta, transparente y con la misma seridad”.
De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, la iniciativa para crear el Instituto de la Familia, será revisada por la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, a fin de verificar que la propuesta cumpla con los requisitos que marca la ley para la presentación de iniciativas ciudadanas.
Una vez que se hayan atendido todos los requerimientos legales, la propuesta podrá ser turnada al Pleno para dar inicio a su trámite legislativo correspondiente y pueda ser analizada y revisada en comisiones.
En respuesta, la Red Quintanarroense, aclaró que “legislar para todas y todos”, significa establecer leyes que visibilicen y permitan el ejercicio pleno de derechos a la diversidad de familias, incluidas las madres solteras, las personas del mismo sexo, así como mujeres y hombres transexuales y transgénero.
“Un Instituto de la Familia deberá incluir la pluralidad, para que todas y todos estemos representados”, resaltó la agrupación, que añadió que el Congreso debe garantizar que no habrá retroceso en los derechos adquiridos, además de estipular la educación sexual integral con perspectiva de género desde los niveles básicos y hasta el nivel terciario.
afcl