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Tras el feminicidio de Vanesa Gaytán Ochoa ocurrido el jueves pasado afuera de Casa Jalisco, Amnistía Internacional y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) exigieron al gobernador, Enrique Alfaro, una disculpa pública por las omisiones cometidas por el Estado en este caso.
Durante un homenaje realizado a Vanesa en el lugar donde fue asesinada, la coordinadora de Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto indicó que el mandatario de Jalisco también debe diseñar un plan integral de reparación del daño para la familia y adoptar medidas que garanticen la no repetición de los hechos.
“El gobierno de Jalisco debe reconocer que falló en su deber de garantizar la seguridad y la vida de Vanesa y asumir su responsabilidad; a pesar de que ella contaba con medidas de protección, éstas no lograron preservar su vida. Cuando se emite una orden de protección, la autoridad se compromete a garantizar la vida de la denunciante”, dijo.
Olivares consideró que es imperativo que Jalisco establezca mecanismos que aseguren que las autoridades estatales y municipales cuenten con la información, los recursos y el personal que les permita cumplir de manera efectiva con las órdenes de protección.
Recordó que la erradicación de los feminicidios requiere de una política pública integral que contemple no sólo la sanción penal, sino también medidas preventivas que incorporen la perspectiva de género en ámbitos como la educación, la salud y el desarrollo urbano, entre otros.
Insistió en la urgencia de cumplir la Recomendación 5/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ), emitida debido a las omisiones en que incurrió la autoridad estatal y que derivaron en el feminicidio de Alondra Guadalupe González Arias, caso al que Amnistía Internacional ha dado particular seguimiento.
“Amnistía Internacional nuevamente hace un llamado a que la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres constituya un tema prioritario en la agenda del Estado mexicano en general y de Jalisco en particular. Esta prioridad implica acciones y políticas de los tres órdenes de gobierno que deben considerar de manera fundamental las voces de la sociedad civil y que incluyan voluntades, presupuestos, fortalecimiento de capacidades, y entendimiento del problema de forma adecuada y suficiente”, concluyó.
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