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Colima.— A un mes de la desaparición del abogado defensor de los derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y del líder comunitario Antonio Díaz Valencia en los límites de Colima y Michoacán, familiares de ambos e integrantes de organizaciones civiles exigieron mayor coordinación de las autoridades estatales y federales para localizarlos; además, pidieron investigar a la minera Ternium.
“Hemos denunciado ante la ONU deficiencias notorias en la búsqueda y la investigación, sin que hubiera resultado alguno en la localización con vida y en la aprehensión de los responsables. Han primado los conflictos jurisdiccionales entre entidades de investigación y búsqueda estatales y federales, ocasionando la demora inaceptable en la preservación de pruebas y en la realización de acciones de búsqueda inmediata”, señalaron.
Reconocieron que las autoridades han movilizado recursos para localizaros, pero insistieron en que las búsquedas se han realizado sin información clave y con deficiencias en la integración del trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda.
“Queremos que como medida urgente se establezcan mecanismos de coordinación sistemática entre estas dos instituciones y se exija el suministro de toda la información pertinente por las autoridades de Colima, Michoacán y la empresa Ternium”, indicaron.
También consideraron que lo ocurrido con Ricardo y Antonio tiene su origen en el trabajo legal en la comunidad de Aquila, Michoacán, pues antes de desaparecer encabezaron una asamblea comunal en la que se trataron temas relacionados con los incumplimientos y la renegociación de acuerdos con la empresa Ternium, la ampliación sin permiso comunal de la mina que opera la empresa y la convocatoria para la elección del comisariado de bienes comunales.
“Al surgir testimonios e información sobre amenazas y presencia de empresarios de Ternium en las asambleas hemos solicitado que Naciones Unidas exija que se investigue y determine posible involucramiento de la empresa Ternium”, dijeron.
Solicitaron que la ONU exija al Estado mexicano que en su investigación determine el rol de las fuerzas de seguridad de Colima y Michoacán, la Guardia Nacional y el Ejército, así como los grupos armados de la zona en este caso, y pidieron una audiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador.
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