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San Cristóbal de las Casas .- Colectivas feministas, conocidos y familiares de Maricela López Méndez , indígena tzotzil sobreviviente de feminicidio y sentenciada a 25 años de prisión por el homicidio de su agresor que era su cónyuge, se manifestaron esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia del Estado para pedir su liberación, por considerar que está injustamente detenida.
El pasado 19 de abril, la jueza Doraluz López Méndez, por el distrito judicial de San Cristóbal y Bochil, condenó a la indígena tzotzil a 25 años de prisión, pero a partir de ese momento, las abogadas de la colectiva Cereza , Marcela Fernández Camacho y Patricia Aracil Santos, tomaron el caso para defender a la mujer.
El 20 de noviembre del 2019, Juan “N”, esposo de Marisela, bajo los efectos del alcohol y que aparentemente había consumido alguna droga, llegó a la vivienda armado con un machete, en la comunidad La Florida, municipio habitado por tzotziles de Rincón Chamula, ubicado a 126 kilómetros de Tuxtla, para agredir a su esposa, pero al momento que lanzó el primer golpe, la mujer logró defenderse con el madero que llevaba en la mano. Con seis meses de embarazo, la mujer corrió y consiguió para evitar que la lesionaran.
Un testigo que resultó ser vecino de Maricela que declaró en la audiencia, escuchó que Juan decía que le iba a matar. Llegó a oír los gritos de ayuda, pero de ser cierto, entonces este hombre tendría “responsabilidad por omisión”, porque no consiguió pedir ayudar para Marisela y los niños, dice la Colectiva Cereza.
En medio de insultos, Juan continúo con la agresión en el patio de la casa, donde parecía que Marisela no tendría escapatoria. Corría al lado de sus dos hijos de 5 y 3 años de edad, hasta que en un momento, consiguió darle un golpe con el leño al agresor que vio caer al suelo y corrió.
Pero Juan ya había lesionado con el machete a Maricela en la mano izquierda, pero la jueza “obvió el contenido de la declaración del médico de periciales que revisó” a la joven tzotzil, antes de ser presentada ante el Juez, el día 24 de noviembre.
En el patio de la vivienda quedó tirado Juan y fue cuando Marisela corrió con sus hijos a la casa de su madre, donde buscó refugio. Temía que hasta ahí llegara Juan, pero el hombre había perdido la vida. Esa noche del 20 de noviembre Marisela fue detenida por la Policía Estatal, junto a las autoridades ejidales, acusada del delito de homicidio calificado.
Por un lapso de cuatro días, Maricela fue sometida a malos tratos y sin alimentos, hasta que el día 24 de noviembre fue puesta a disposición de un Juez.
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Durante varios años, la mujer sufrió constantes maltratos de parte de su esposo, pero nunca tuvo la protección de ninguna institución gubernamental o civil, explica la Colectiva Cereza.
En el proceso oral, Maricela no comprendió muchas preguntas que le formuló la jueza, ya que lo hizo en español. Incluso, durante el juicio oral, “no se admitieron pruebas a favor de la detenida, un peritaje en psicología clínica y otro en antropología social”. Tampoco hubo examen toxicológico de Juan.
En la causa penal 140/201, la jueza argumentó que Maricela “admitió que privó de la vida” a Juan, al que “golpeó con un garrote y que no refirió que fue víctima de malos tratos en la audiencia”, asienta el documento. “Hecho que es sumamente falso, porque está la grabación de la audiencia para demostrarlo”, explica Patricia Cereza, de la Colectiva Cereza.
Otras de las irregularidades que hallaron en el proceso, las abogadas es que el defensor de oficio, no procuró porque Maricela tuviera la asistencia de un traductor durante las audiencias.
Cereza considera que es preocupante que “en los tiempos feminicidas” que una jueza del Poder Judicial de Chiapas “niegue la existencia de la violencia feminicida y el intento de feminicidio del que Maricela se defendió”.
Además, es lamentable que la jueza “oculte y falte a la verdad”, al decir que Maricela no manifestó que sufrió intento de homicidio y que no tuvo intérprete en tzotzil. “Todo esto se manifestó ante la jueza de enjuiciamiento y constituyen violaciones al debido proceso que la juez debe garantiza”, expone Cereza.
Maricela que se encuentra detenida en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), de San Cristóbal, fue sentenciada a 25 años de prisión por el delito de homicidio por la jueza Doraluz López Méndez.
Durante la manifestación participó Coxti Aguilar, de San Miguel Tecuiciapan, Guerrero, que pidió la liberación por la liberación de Maricela, “porque ella a igual que muchas mujeres indígenas de México se encuentran injustamente encarceladas por defender su vida y la vida de sus hijos”.
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